La pobreza de contenidos en lo que a propuestas de gobierno se refiere no fue la única sombra que opacó la pasada campaña electoral de cara a las elecciones generales del 26 de noviembre.
En medio del fragor caracterizado por los dimes y diretes entre aspirantes políticos y sus baladíes discursos trascendió el 9 de noviembre la captura de un candidato a alcalde del municipio de El Paraíso, en Copán, acusado de narcotráfico y solicitado en extradición por Estados Unidos.
De hecho, desde agosto había sido nombrado el juez natural que conocerá del proceso tras revelarse los nombres de tres hondureños pedidos en extradición por el gobierno estadounidense, entre ellos el aspirante a alcalde.
El insólito caso genera varias preguntas, entre ellas ¿cómo es que se filtró un extraditable en las planillas? no obstante la recién estrenada Ley de Fiscalización, Transparencia y Financiamiento de los Partidos Políticos, o ley de política limpia, aprobada por el Congreso Nacional, que dio a su vez paso a la creación de la Unidad de Política Limpia.
¿La inscripción de un acusado de narcotráfico en las elecciones generales da la razón a quienes han cuestionado el hecho de que dicha unidad esté integrada por representantes de los mismos partidos, los tres con mayor representación en el Congreso Nacional? Y más preocupante aun, ¿cuántos aspirantes políticos más vinculados con el crimen organizado burlaron la fiscalización de la unidad creada para impedir que dineros sucios financiaran la campaña?
Recordemos también que la Comisión de Depuración de la Policía Nacional advirtió que había delincuentes, criminales y corruptos entre los candidatos e instó a los partidos a depurar las planillas a cargos de elección popular. No cabe duda de que estos aspirantes de cuestionada integridad han utilizado dineros sucios en su campaña y que, de resultar electos, estarán comprometidos con el crimen organizado y no con la sociedad.
Lamentablemente, la impresión es que los partidos políticos hicieron poco o nada para garantizar la probidad de los inscritos en sus planillas. Y esos delincuentes, criminales y corruptos compiten junto a quienes no lo son, con la ventaja de mayores recursos para pedir el voto. Depende de los electores elegir con responsabilidad.
