Ante la permanente y creciente comisión del delito de la extorsión que sigue asfixiando a grandes sectores de la población, pero con énfasis a los dueños y trabajadores del transporte público, que mensual y anualmente destinan millonarias cantidades de dinero para pagar el mal llamado impuesto de guerra a maras y pandillas para que les permitan brindar el servicio y respetarles la vida.
Según los reportes de los transportistas, hay sectores, como el de la ruta Kennedy-Universidad Nacional, en Tegucigalpa, que están pagando hasta siete tarifas mensuales a igual número de pandillas, que actúan impunemente.
“No tenemos otra opción, no contamos con el apoyo de las autoridades, si queremos trabajar, tenemos que pagar”, se quejan.
Son tan altos los niveles de inseguridad que la semana anterior un taxista fue asesinado, a las 8:00 de la mañana, en una calle cercana a la Casa Presidencial, la desesperación e impotencia fue tal, que un compañero de la víctima en una entrevista con periodistas de medios de prensa locales les pidió a los extorsionadores “no nos maten a nuestros compañeros, estamos dispuestos a pagar. Dialoguemos”.
No es la primera vez que se escuchan este tipo de planteamientos, entendidos, en este caso, por la desesperación, la inseguridad y el dolor de ver correr la sangre de parientes, amigos, compañeros de trabajo.
Pero permitirlos no debe ser nunca visto como una solución al problema, más bien como un fuerte golpe para el Estado de derecho, la institucionalidad, los derechos humanos y la seguridad ciudadana.
Los retos para las autoridades y el gobierno son enormes ante la creciente ola de violencia. Las estrategias aplicadas hasta ahora debe ser analizadas y reformuladas para dar respuesta a las demandas de seguridad ciudadana que con urgencia exige la hondureñidad.
