Es el que ha dejado al pueblo hondureños la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH), que en un comunicado ha expresado su preocupación ante los cada día más altos niveles de crispación política en el país.
En el documento han plasmado, además, su posición ante la decisión del actual gobierno de denunciar el tratado de extradición con los Estados Unidos y la retrasada -e incumplida hasta ahora- oferta electoral del partido en el gobierno de la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras.
Oportuno que, ante los enfrentamientos verbales que marcaron la elección de los cargos de dirección en el Consejo Nacional Electoral, se llame a solicitar garantías de protección “contra todo abuso de poder que viole las leyes e instituciones del Estado”, los procesos electorales programados para marzo y noviembre del próximo año.
Es imprescindible, tal y como lo señalan los jerarcas de la Iglesia Católica, “establecer las garantías necesarias para salvaguardar un ejercicio electoral libre, respetando la independencia de los órganos encargados de manejar el proceso electoral y evitando cualquier tipo de coacción sobre sus coordinadores”.
Un llamado que debe ser atendido por todos los actores del gobierno y la política del país con el único fin de garantizar la paz social que demanda el pueblo hondureño.
No hacerlo pondría a Honduras a las puertas de una nueva crisis política y social de consecuencias inimaginables, para un país que demanda la elección de sus mejores hombres y mujeres en la administración del Estado.
Por ello, el mensaje de la Conferencia Episcopal llega en un buen momento, en el arranque de una carrera electoral que antes de confrontativa debe ser propositiva ante la avalancha de problemas que agobian a la patria y urgen de soluciones.
