Ya no sorprende leer o escuchar informaciones relacionadas con el abandono de los hospitales y los centros de salud en el interior de Honduras, ni tampoco de las denuncias sobre las carencias de los servicios de salud.
El conformismo parece haberse apoderado de la ciudadanía. “Si en los hospitales de Tegucigalpa y San Pedro Sula falta equipo y medicamentos ¿qué no puede faltar en el interior del país?, es la premisa. Y eso es cierto.
Todos los días son muchos los pacientes que acuden a los hospitales que lamentan el pésimo trato y servicio que dicen recibir de parte del personal administrativo y hasta médico en los centros hospitalarios, principalmente de las dos grandes ciudades del país (Tegucigalpa y San Pedro Sula). Pero sin duda la situación más grave se vive en el interior del país, y un ejemplo es lo que sucede en el hospital del Sur de Choluteca, donde a las limitaciones con que cuenta el hospital en materia de presupuesto, personal y de medicamentos se le suma que no tienen ni siquiera una ambulancia en la cual remitir a sus pacientes al Hospital Escuela Universitario (HEU) de Tegucigalpa. La falta de este servicio encarece los costos para los pacientes que requieren de este servicio, ya que una ambulancia privada desde Choluteca a Tegucigalpa tiene un costo de entre 1,800 y 2,000 lempiras. Las autoridades del hospital dicen hacer gestiones para que instituciones de caridad les donen una ambulancia, porque los costos para adquirir un vehículo de ese tipo con fondos del hospital son muy altos.
Todo lo anterior solo es el reflejo de un sistema de salud público obsoleto, en el que resalta la deficiencia de la infraestructura de sus centros de salud y hospitales (algunos de los cuales fueron construidos a principios del siglo pasado), servicios de baja calidad y escasa cobertura, así como bajos niveles en los procesos de mantenimiento de la infraestructura y equipo, y frente a lo cual el país, su ciudadanos, demandan reformas del sistema que garanticen la universalidad de los servicios y que esos servicios sean a su vez equitativos, justos, que garanticen cobertura y acceso a toda la población, tal como lo establece la Constitución de la República.
