La transparencia y el rendimiento de cuentas constituyen elementos fundamentales de una sociedad democrática abierta al permanente escrutinio ciudadano. De esta manera, los contribuyentes conocen al detalle la forma en que se invierten sus impuestos, en tanto el gobierno reafirma su credibilidad y legitimidad de cara al pueblo. Por el contrario, si los fondos públicos son destinados a otros fines distintos a los originalmente presupuestados, surgen dudas y cuestionamientos en la población respecto al manejo correcto de sus aportaciones al fisco. El acceso irrestricto a la información pública y el derecho constitucional a la libertad de expresión, en oposición a la secretividad informativa, representan necesarias salvaguardas en un Estado de derecho.
Obviamente, aquella información relativa a la seguridad, soberanía e integridad territorial debe ser protegida por su carácter confidencial. Empero, es necesario definir estos términos tomando como parámetro la Constitución política, sin que entren en conflicto con el espíritu y la letra de la carta fundamental. El suprimir u ocultar información pública en materia de salud, economía, actuaciones de funcionarios gubernamentales, constituye una acción injustificada generadora de desconfianza y dudas justificadas que generan inestabilidad y suspicacias.
Entes de la sociedad civil como el CNA, Cáritas, Fosdeh y organismos internacionales de las Naciones Unidas como el PNUD no deben ser rechazados, más bien deben ser bienvenidos y vistos como colaboradores y escrutadores del correcto uso y destino de los tributos, préstamos y donaciones captados por el Estado.
Con una efectiva veeduría y control social todos salimos ganando: gobernantes y gobernados, consolidando el sistema democrático, mismo que debe ser fortalecido y protegido de cualquier intento por debilitarlo.
