El fin de semana anterior, Ana Paola Hall, consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), denunció intimidaciones y amenazas en contra de su persona y su familia, relacionadas con su labor. “Han traspasado los límites de mi vida personal, tocando lo más sagrado”, dijo en una comparecencia en la que le acompañaron los otros dos miembros del organismo, Cossette López y Marlon Ochoa.
La denuncia de Hall, presentada además ante el Ministerio Público, es parte de la escalada de violencia política que han comenzado a marcar las campañas electorales previas a las elecciones internas de los partidos políticos del próximo 9 de marzo, y las generales de noviembre de este mismo año.
La violencia política tiene muchas aristas que no deben pasar desapercibidas en el contexto actual hondureño, y, más bien, deben ser analizadas, enfrentadas y frenadas haciendo uso de todos los instrumentos que tengan a mano, principalmente el de la investigación y castigo de los responsables.
La impunidad no puede marcar estas acciones y mucho menos ser la bandera en la que se escudan quienes promueven estos actos, con fines contrarios al fortalecimiento de la democracia u otro interés económico.
La lucha de toda la sociedad, pero, sobre todo, de las autoridades competentes, debe ser el garantizar procesos electorales limpios, transparentes, en los que el pueblo pueda expresarse libremente y elegir a sus nuevas autoridades sin ninguna cortapisa. El miedo y la coacción no pueden ganar esta batalla, y ese es el mensaje que debe enviarse claro y firme a los enemigos de la democracia.
Por ello, es urgente que la institucionalidad se active de inmediato para detener cualquier acto de violencia en el contexto actual, y, a su vez, para garantizar que las elecciones de marzo y noviembre se realizarán en paz y bajo los estándares que ya establecen la Constitución y las leyes de la República.
