Esta opinión fue motivada por la “Foto del día” (El Heraldo 6-noviembre-2013) en cuyo pie se expresa, como una verdad absoluta que “Los países del istmo con mejores condiciones de vida para sus pueblos, Costa Rica y Panamá, tienen algo en común: no cuentan con militares”. Mi comentario al respecto, tiene el afán único de ilustrar someramente algunas consideraciones que tienen que ver con Honduras.
Los Estados disponen de organismos para la función de defensa según determinados fundamentos y objetivos y la orientan de acuerdo con criterios que tienen por antecedente factores de diversa naturaleza, así como los antecedentes históricos o territoriales que tienen relación con sus vecinos. La defensa de Honduras se orienta principalmente a neutralizar riesgos y amenazas externas contra el interés nacional, por lo que el Estado invierte recursos destinados a ese quehacer. Costa Rica y Panamá son una excepción en América.
Costa Rica, cuya extensión territorial de 51,100 kms² y una población de un poco más de 4.5 millones habitantes, tiene frontera con Panamá, país con el que siempre ha tenido una buena relación; y con Nicaragua con quien mantiene una relación de sobresaltos fronterizos esporádicos, dispone de fuerzas policiales, con armamento similar al de un ejército y con un presupuesto aproximado de US$99 millones. Las excelentes condiciones de vida y felicidad de su población se deben a que su clase política ha sabido hacer las cosas con esa visión. Su preocupación es la seguridad interior al grado que si tuviera un conflicto bélico con algún vecino la comunidad internacional destinaría recursos para defenderla. No tienen necesidad por el momento de un ejército.
En relación a Panamá, su extensión territorial de 75,517 kms², alberga 3.5 millones de panameños, tiene frontera con Costa Rica mencionado anteriormente, su otra frontera es con Colombia, país del que se independizó en 1903, y tradicionalmente su relación mutua ha sido buena. Su vida independiente estuvo cobijada por Estados Unidos hasta 1999 por lo del canal interoceánico; a partir del año 2000 pasó a administrar directamente dicho canal permitiéndose tener ingreso de divisas como ningún país latinoamericano, de allí parte el bienestar y calidad de vida de su población. Estados Unidos, aún sin presencia física en este país, vela por su seguridad y la infraestructura interoceánica conforme a sus intereses. Panamá dispone de una fuerza policial con un presupuesto de US$175 millones.
Honduras, contrario a los casos antes mencionados, con una extensión territorial de 112.492 kms² y 8.5 millones de habitantes, tiene tres fronteras terrestres. Lo común con El Salvador es que las relaciones históricamente han sido conflictivas por las pretensiones expansionistas de la oligarquía y el gobierno de ese país; igual la frontera con Nicaragua constituye una hipótesis de guerra permanente por intereses geopolíticos e ideológicos de las autoridades de ese vecino país. Con Guatemala la relación ha sido de buen vecino. El Estado invierte US$55.6 millones para gastos de su defensa y otras misiones adicionales incorporadas.
Es sabido que la política de defensa de Honduras es, en el plano político-estratégico, de carácter disuasivo y su orientación fundamental es defensiva y se enmarca en los siguientes principios:
Alcanzar los objetivos nacionales con el mejor aprovechamiento de los recursos disponibles, considerando que Honduras no abriga propósitos agresivos contra ninguna país, si tenemos reivindicaciones territoriales en el ámbito vecinal pero estos se enmarcan en defender lo que históricamente nos ha pertenecido. Disponer de unas Fuerzas Armadas para disuadir o desanimar anticipadamente cualquier loca intención de un adversario obcecado que pretenda interferir o atentar contra nuestros intereses vitales. No se puede disuadir sin la existencia de la fuerza militar. Emplear el poder nacional y, en particular, su potencial bélico, si fuera necesario para proteger a la población hondureña y sus bienes, defender los intereses nacionales, salvaguardar su independencia política, la soberanía nacional y la integridad del territorio nacional, tanto continental, insular, marítimo y su espacio aéreo, frente a las amenazas externas. Contribuir a la defensa y promoción de la paz internacional, de acuerdo con el interés nacional, como se hizo en los años 80
De allí que no puede considerarse un gasto, sino una inversión lo consignado para la defensa y seguridad del Estado.
