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La medida concebida como una de las principales herramientas de la lucha contra la violencia y la delincuencia en el país llegó ayer a su fin. La aplicación de la misma, desde diciembre de 2022, generó un debate sobre su efectividad, ya que la extorsión, el delito que se proponían combatir, sigue al alza, afectando principalmente al sector del transporte público.
