Desde finales de los años ochenta, surgió en Honduras un movimiento que encabezó la propuesta de reforma al sistema de selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, reconociendo que la Corte, aún y cuando en muchos casos se integraba con magistrados de mucha experiencia y en su mayoría honestos, era objeto de grandes presiones por grupos políticos y económicos que se sentían en el derecho de reclamar su cuota de poder a través de los fallos que esta emitía.
Así, era evidente que ciertos sectores políticos y económicos de la sociedad controlaban la Corte Suprema de Justicia y en muchos casos su Presidente se convertía en un subalterno del Presidente de la República, quien a su vez era mandatario de empresarios y políticos que lo habían llevado a la Presidencia y por lo tanto, respondían ambos a sus mejores intereses.
Nuestros políticos y empresarios entonces se acostumbraron a un Poder Judicial conformado por hombres y mujeres dóciles, “obedientes y no deliberantes”, carentes de independencia y por lo tanto, alineados con sus posiciones, independientemente de si estas eran legales o ilegales.
Fue motivado por esta triste situación que se originó el proyecto de reforma al sistema de selección de magistrados y se creó un mecanismo mediante el cual los candidatos a magistrados son propuestos por diversos sectores representativos de la nación, en ejercicio de la meritocracia y en función de la idoneidad y ya no por políticos o empresarios que buscan colocar a quienes han sido sus abogados personales como jueces del más alto tribunal de la República.
El proceso evidentemente comienza a demostrar sus bondades y, salvo raras excepciones, se muestra exitoso, desde que la Corte en el año dos mil nueve, interrumpe la posibilidad de que un Presidente de la República viole la Constitución y, mediante un golpe de Estado, se perpetúe en el poder.
Desde ese momento, la Corte Suprema de Justicia en su mayoría, y en especial la Sala de lo Constitucional, ha demostrado estar conformada por hombres y mujeres valientes, conocedores del derecho, apegados al principio de legalidad pero sobre todo, independientes de cualquier injerencia externa, venga de donde venga.
Los hondureños debemos cuidar y proteger este valioso tesoro, pues un sistema judicial independiente es la piedra angular de una nación próspera y justa. El Estado republicano no fue diseñado con la intención de que los poderes que lo conforman se “pongan de acuerdo” en todo. Por el contrario, la idea del sistema de pesos y contrapesos es precisamente que los poderes sirvan como mecanismos de presión que logren mantener el balance de la legalidad.
El Poder Ejecutivo debe aprender que la Corte no es un Consejo de Ministros, en el cual el Presidente ordena qué hacer. El impartimiento de justicia debe estar impregnado de la independencia que permite al juez analizar y emitir criterios sin ningún tipo de presión exógena.
No podremos resolver nuestros problemas de delincuencia y seguridad sino es por el camino de la legalidad. Hacerlo de otra forma solo abrirá las puertas al pasado reciente en el que la autoridad justificó el desaparecimiento y muerte de hondureños en una política de seguridad nacional.
Conocemos a los magistrados que integran la Sala de lo Constitucional, sabemos de su honorabilidad, conocimiento de la ley y de su vocación, es una grosería que personas sin formación se atrevan a lanzar insultos y a injuriar públicamente a magistrados que han actuado en el ejercicio de sus cargos con independencia.
odos queremos que en Honduras haya cambios, nadie está a favor de la delincuencia, pero nunca estaremos de acuerdo con que esta puede ser combatida por medios ilegales o destruyendo la institucionalidad del país e irrespetando a los hombres y mujeres que en el ejercicio digno de su cargo cumplen y hacen que se cumpla la Constitución y la leyes.
