La libertad es la cualidad más importante para que un individuo pueda desarrollarse a plenitud, pero viene acompañada de otro elemento igual de trascendental sin el cual se derogan todos los beneficios de vivir sin ataduras; la responsabilidad.
Hace un par de semanas (el 10 de diciembre), el senado uruguayo aprobó la regulación de la producción, venta y consumo de la marihuana, acción que lo convertirá en el primer Estado del mundo en “meter mano” a tan controversial tema de manera completa, el cual ha dividido a diversos actores globales, quienes difícilmente llegarán a un acuerdo sobre cuál es la mejor política en materia de cannabis.
Un grupo que apoya fuertemente la legalización de la marihuana en el continente es la Comisión Global sobre Política de Drogas, la cual está integrada por los expresidentes Ernesto Zedillo (México), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), César Garivia (Colombia), entre otros.
La crítica más lógica que puede hacerse a este selecto grupo es que durante su mandato no aplicaron las ideas que ahora recomiendan y defienden, con lo que nos queda claro que es muy distinta la postura que tiene un individuo cuando asume un compromiso político y de gobierno, a la que tiene ese mismo individuo desde la comodidad de las ONG o la academia.
Otra organización que ha apoyado abiertamente la legalización de las drogas es la Open Society del adinerado George Soros, la cual financia a diversas asociaciones liberales alrededor del mundo con el objetivo de expandir la ideología en la que cree este magnate de las finanzas mundiales.
Desde este reflector mundial hemos mencionado que hoy en día diversos tópicos como los temas de la seguridad y el combate a la producción, distribución y consumo de las drogas se deben de tratar de forma regional.
Pese a que las fronteras del mundo están delimitadas y se vigilan y resguardan con nuevos mecanismos, la masificación del comercio reflejada en altos volúmenes de exportaciones e importaciones abren el camino al tráfico ilícito de mercancías, lo cual es, por supuesto, un agravante en materia de drogas.
Nos queda claro que Uruguay es una prueba, pero, para ser tomado en cuenta como un ejemplo deben de considerarse todas sus características. Es un país pequeño, de tan solo 3.3 millones de habitantes.
Una sociedad que comparte demográficamente más similitudes con los países de Europa Occidental que con sus vecinos sudamericanos, ya que casi 90% de su población es blanca, sin existir un registro considerable de indígenas.
Es un país de viejos, muy urbanizado, su promedio de edad es de 34 años y 92% de su gente habita en ciudades.
Es una nación de renta media, con un PIB per cápita de 16,200 dólares, con una tasa de empleo controlada (6%) y con un crecimiento económico promedio en los últimos 3 años de alrededor del 6%.
Es una sociedad educada, prácticamente el 100% de los uruguayos sabe leer y escribir, y la expectativa escolar es de 16 años, lo que significa que la mayoría de las personas alcanza un nivel de estudios terciario (educación media superior y superior).
Es el gobierno mejor evaluado de América Latina en cuanto al Índice de Percepción de la Corrupción de la ONG alemana Transparencia Internacional, la cual lo ubicó en 2013 en el lugar 19 del ranking mundial de los países “más limpios”.
No es propiamente un país que pueda representar a la región latinoamericana en toda su extensión y problemáticas.
Difícilmente podremos compararlo con países densamente poblados como Brasil o México, o con sociedades altamente mestizas o con gran presencia indígena como Perú o Bolivia.
Tampoco podemos ubicarlo como un Estado que haya vivido en carne propia la violencia provocada por el crimen organizado como sí ocurre en Colombia, Honduras, Nicaragua, Guatemala y México.
Uruguay es un laboratorio aislado, ya que es el país más europeo de la región latinoamericana.
Lo interesante de este experimento no será los efectos que se tengan en dicha nación, no, pues cada país, por más parecido que sea a sus vecinos, tiene características propias que pueden generar una cantidad infinita de posibilidades que está por demás mencionar.
Lo interesante radica en la interacción de un “Uruguay libre” en producción, distribución y consumo con el resto del mundo, sobre todo con sus vecinos.
Las estadísticas nos indican que la sociedad uruguaya está lista para asumir la responsabilidad de consumir o no marihuana.
El hecho de que se permita legalmente su consumo no implica necesariamente que aumente el mismo, sino que se le brinda la libertad al ciudadano de hacerlo o no, al final de cuentas es opcional.
El problema de fondo de las drogas, más allá de la preocupación en materia de salud pública, es que las grandes ganancias que genera conllevan al enfrentamiento, a la corrupción, a diversas actividades delictivas asociadas con el dinero fácil.
Uruguay nos dará brújula para este controversial tema en Sudamérica, pues el país cuya bandera lleva el color del liberalismo (azul), se ha pintado de “verde” en una importante prueba de equilibrio entre la libertad y la responsabilidad, ojalá que ganen sus ciudadanos.
