En los artículos de ediciones pasadas de EL HERALDO, --“El punto ciego” y “Punto ciego o conveniencia”-- me preguntaba, al igual que al lector, cómo era posible que la debilidad de las instituciones públicas, con una honrosa excepción, no fuera evidente a pesar de los pésimos servicios que prestan, y que tampoco fueran evidentes las causas de ese debilitamiento.
La limitación (amputación) de nuestras capacidades administrativas es un ritual que durante los últimos 32 años ha ocurrido periódicamente cada cuatro años. Mucha gente joven no ha conocido otra realidad; para ellos ya es inconcebible que las instituciones y por consiguiente, la administración pública, puedan mejorar. Podemos decir que es parte de nuestra identidad como pueblo, y como toda verdadera identidad, pasa desapercibida para el sujeto. Esta es la respuesta a la pregunta y la razón del punto ciego.
Este comportamiento, por ser repetitivo y consistente a lo largo de los últimos 32 años ha dado lugar a reglas claras que lo rigen. Estas reglas son: 1. El gobierno es el premio (botín) del partido ganador; 2. Las concesiones otorgadas por gobiernos pasados no pueden ser cuestionadas por el actual y 3. Debe prevalecer la impunidad. La aplicación de estas reglas a los acontecimientos que conforman cualquier escenario de la política hondureña permite predecir con gran exactitud los resultados que se pueden esperar.
La primera regla permite al político colocar en una o varias instituciones el mayor número de sus activistas y por su medio el control discrecional sobre los presupuestos de esa instituciones. Esto requiere simplificar los procedimientos de selección y contratación, apartando la selección por mérito para usar en vez, la recomendación del líder político como requisito. La segunda regla permite estabilidad en los procesos de financiamiento de las campañas políticas, otorgado mayoritariamente por empresas agradecidas por concesiones que les proporcionan ventajas competitivas.
Este es un arreglo entre la élite que domina la administración pública y las que se benefician de ella. La tercera regla garantiza la permanencia de esta particular forma de hacer política y el cumplimiento de acuerdos y compromisos entre elites. Las tres reglas aplican independientemente de cuál partido mayoritario es el ganador. Así hemos llegado a parecer un estado totalitario cuyo control es compartido por dos partidos.
Una promesa electoral común a ambos partidos es garantizar empleo a sus activistas, que cada vez crecen más en número. Al emplearlos, sin conocimientos y experiencia para sus cargos, también con pocas y honrosas excepciones, se disminuyen las capacidades administrativas de las instituciones que conforman el gobierno y se propicia la corrupción; se da preferencia al gasto corriente, recortando los recursos disponibles para la inversión pública y el mantenimiento de la infraestructura existente; aumenta la inequidad en el ingreso, ya que funcionarios sin conocimiento y experiencia incrementan los costos de los trámites necesarios para el aprovechamiento de oportunidades (por ejemplo, los del registro de propiedades), de forma que las oportunidades y los recursos de los pobres son aprovechados por los que pueden pagar la facilitación y agilización de los trámites; así, poco a poco los recursos de un país tienden a acumularse en manos de los que sí pueden pagar. Otro importante efecto es el incremento de la criminalidad ya que la teoría de la ventana rota y la política de cero tolerancia del alcalde Giuliani han puesto en evidencia la relación entre deterioro de los barrios, el abandono de los lugares públicos, la suciedad
y la criminalidad. A mayor abandonó mayor criminalidad.
A ninguno de nuestros grandes empresarios se le ocurriría cambiar su personal cada cuatro años y utilizar como criterio de selección de empleados la recomendación de líderes políticos y diputados. Sin embargo, lo aceptamos para la administración pública, a la cual le confiamos, año a año, el millonario presupuesto nacional.
Debería ser evidente que las políticas públicas y las leyes requieren de un instrumento para su ejecución y para su cumplimiento y que ese instrumento es una buena administración pública.
Si estamos en guerra contra la criminalidad, la enfermedad, la mala educación, el desempleo y la impunidad, ¿no será tiempo ya de que conformemos un buen ejército?
¿No será tiempo ya de que le pidamos a los partidos políticos mayoritarios que acuerden respetar la administración pública?
