La libertad de expresión es inherente a la vida misma. Sin ella no sería posible la propia comunicación y existencia humana y por eso ha sido consignada como derecho humano universal desde que se produjo la revolución francesa en 1789, hasta pasar por la carta de la ONU, OEA, Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), etc.
Comúnmente, cada vez que se piensa en libertad de expresión, equivocadamente se piensa en el ejercicio profesional de periodistas, pasando por alto que dicho derecho es intrínseco a todo ser humano. De este modo, se ignora que la libertad de expresarse no es solo un derecho de la prensa, sino también de niños y niñas, de manifestantes que se comunican a través de pancartas en contra de los desaguisados del gobierno, pero también pertenece a los artistas: pintores, poetas, músicos, actores y quienes se manifiestan a través de distintos formatos de expresión cultural y del arte.
La libertad de expresión en Honduras es un bien preciado que camina bajo el filo de la navaja, las balas de los sicarios y, lo que es peor, la indiferencia de algunos trabajadores de opinión pública. En los momentos más aciagos y dolorosos de la crisis del 28 de junio de 2009 fueron clausurados varios medios de difusión, se persiguió y se amenazó de muerte a elementos de cierto sector de la prensa (como está registrado por la propia ONU, Comisión de la Verdad, CIDH, OEA, etc.), mientras que otro grupo de “comunicadores”, en otro lado del patio de la tragedia nacional que vivimos, hacía silencio absoluto como cómplice. En la fragua de la brutalidad olvidaron que la libertad de expresión ultrajada urgía de su defensa más tesonera y tenaz, porque ella, se supone, no tiene ideologías, colores, banderas y credos, ¿o sí? O, ¿de qué arcilla está moldeada la ética y el concepto mismo de la libertad de expresión en la cabeza de algunos comunicadores sociales en el país?
La libertad de expresión, empero, no debe limitarse más que por propias autorregulaciones éticas y por alguna indicación penal, verbigracia, el artículo 75 de la Constitución, que sugiere regular la emisión del pensamiento “para proteger valores éticos y culturales de la sociedad, especialmente la defensa de la infancia, adolescencia y de la juventud”. Es decir, hay que buscar un equilibrio entre la autorregulación ética y la ley, de tal manera que el usufructo de la libertad de expresión no se preste en contra del bien común a través de la manipulación grosera de la realidad nacional, la difusión de imágenes de crímenes atroces y, sin ser moralistas, de programas con alto contenido sexual, discriminación de género y la exhibición de películas de harta violencia y narcotráfico. Es oportuno decirlo, ahora que Lobo-Hernández hacen bulla del carajo con una propuesta de Ley de Telecomunicaciones, cuyo único objetivo es nomás la de distraer la atención para que el pueblo se desatienda de leyes nocivas como antipopulares, tal el caso de la ley de minería a cielo abierto, las “ciudades modelos”, el alto costo de la vida y la violencia imparable en las grandes ciudades, promotora masiva de mucha inseguridad y miedo.
