La injusticia social prevaleciente nacional e internacionalmente es una de las fuentes principales de violencia e inseguridad que se agudiza más con la crisis económica mundial. Ante esa situación, apremia organizarse para que, en cada país, sus habitantes puedan gozar de bienestar, y que, en todos los países, se disfrute de los beneficios de la globalización, como garantía de paz, seguridad, libertad, y de legitimidad democrática funcional de los Estados y de las organizaciones internacionales.
Ese bienestar nacional y esa igualdad internacional de oportunidades están formalmente enunciados en constituciones y leyes, tratados y declaraciones de cumbres regionales y universales, pero su esperada efectividad demanda ordenarlos para la acción práctica de los Estados, con renovadas actitudes de responsabilidad social de los buenos gobernantes y de los buenos ciudadanos.
Sustentada en esa realidad, normatividad y ética política, se plantea la necesaria evolución hacia una etapa de acciones que encaminen y dirijan derechamente la institucionalidad nacional e internacional, con vasos comunicantes de interdependencia positiva que favorezcan el progreso social.
Evolución que, bajo el imperio del derecho, convoca al ordenamiento de los Estados para su gestión democrática eficaz; participación ciudadana activa; honesta utilización racional de los recursos; y coordinación de decisiones, acciones, obras o técnicas a fin de activar productivamente la economía y hacer realidad progresiva: salud, educación, trabajo y vivienda para todos los habitantes.
Ese resultado social evidenciará el avance en desarrollo humano a ser afianzado mediante relaciones de integración y cooperación entre los Estados, y participación en organizaciones internacionales.
Se necesitará contar con políticas exteriores democráticas y ejecutarlas con una diplomacia estratégica más apegada al bienestar del pueblo que ponga en buena disposición de resultados los acuerdos internacionales alcanzados o prepare nuevos acuerdos con planes de acción y agendas precisas; por regla general, con identificación previa de recursos para ejecutarlos; verificación sistemática de los avances nacionales; y motivación de los sectores sociales y empresariales así como de las organizaciones internacionales para acompañar real y verdaderamente la acción pública de los Estados.
Orden, concierto y buena disposición para el bien común que corresponde con la vinculación existente entre lo local y lo universal, producto de la interacción humana y la necesidad de utilizar y gestionar productiva y socialmente los bienes públicos locales, nacionales, regionales y mundiales.
En efecto, el ordenamiento de cada Estado desde las familias y comunidades locales es necesidad política nacional de raigambre humanitaria cuya mayor eficacia y sostenibilidad estriba en un nuevo orden internacional de relaciones bilaterales y multilaterales que lo complemente eficazmente por medio del intercambio comercial, inversión productiva y cooperación al desarrollo, incluyendo la reforma de las organizaciones internacionales para que su funcionamiento se ordene también conforme a la expectativa de vida digna de los pueblos.
Será de buenos gobernantes, en alianza con buenos ciudadanos, guiar responsablemente a los países por esa ruta sabiendo que, más allá de voluntad política, es necesario tener capacidad de planificación y ejecución para impulsar realmente el ordenamiento nacional con autoayuda del pueblo, desde las propias familias y comunidades de base.
El éxito estará garantizado porque el desarrollo humano es fuerza incontrastable y permanente de cohesión social y unidad en la acción que puede hacer factible una nueva era de seguridad humana y progreso nacional en todos los Estados, y el surgimiento de un innovador esquema internacional de relaciones positivas entre países en desarrollo, y entre estos y países desarrollados.
La grave crisis que experimentamos reclama urgentemente acción de ciudadanía dispuesta a promover, acompañar y supervisar el efectivo desarrollo humano nacional con liderazgos realmente comprometidos con el bien común de toda la gente y una más digna acción nacional e imagen internacional. Hacia ese objetivo deberíamos enderezar el rumbo de Honduras y motivarlo también en Centroamérica, ordenándonos local, nacional, subregional e internacionalmente, para vivir todos dignamente.
