A mediados del siglo XX, se creía que la biota marina es inagotable. A finales del siglo se observa que el recurso acuático es finito y que en extensas zonas los “bancos de pesca” están plenamente explotados, sobreexplotados o agotados al grado de estimarse más de 400 “mares muertos”, particularmente en el mar Báltico y ambos litorales de Estados Unidos.
Una de las soluciones propuestas para recuperar el recurso marino permite a la flota industrial del hemisferio Norte invadir sus zonas exclusivas para pesca artesanal; simultáneamente se envía la flota pesquera de gran tamaño y mayor tecnología al Cono Sur, donde mediante arreglos directos con gobernantes, firma de tratados de libre comercio, pesca ilegal no declarada ni regulada y piratería, se practica la explotación de los bancos de pesca.
La “Tragedia de los comunes” (Hardin, 1968) se evidencia cuando empresas y transnacionales pesqueras obtienen acceso a mares subexplotados e introducen más naves y tecnología hasta agotar el recurso. Sugerir que los pescadores de pequeña escala son culpables de dicha “tragedia” es preparar el terreno para despojarlos de su modo de vida.
Otra solución es la acuicultura, que en los 70 arranca con fuerza en el cultivo de camarón, el cual en menos de 40 años arrasa con más de la mitad de los criaderos naturales de especies marinas (ecosistemas de manglar y asociados); otras especies cultivadas ocupan grandes extensiones de tierra y/o mar vertiendo toneladas de nutrientes (fósforo y nitrógeno...) a los océanos, produciendo eutrofizaciones, y junto con otros elementos, generan cambios negativos en los parámetros fisicoquímicos de las aguas (acidificación, pérdida de capacidad de absorción de dióxido de carbono…).
En 2006 la estadounidense Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) financia una evaluación sobre las oportunidades y retos de la conservación de la biodiversidad costero-marina en América Latina, cuyos resultados le permiten impulsar en el 2009 un programa de 5 años (Task Order under the WATER II IQC) en ambas costas de Centroamérica incluyendo a Belice y Panamá, para lo cual llega a un acuerdo con el “Sistema de Integración Centroamericano” (Sica), adoptando el Objetivo estratégico neoliberal de: “Libertad Económica: Abierta, diversificada y expansión económica”; cuyos objetivos específicos son fomentar los mecanismos: “Basados en el Mercado”; “Basados en derechos de Acceso a los Recursos”; “Acceso seguro”.
Este último se logra mediante “Cuotas Individuales Transferibles de Pesca” (CIT), lo cual significa que después de un estudio de poblaciones sobre una especie marina objetivo de captura (langosta, caracol, tiburón, pargo, concha…), se estima el “Total Admisible de Capturas” (TAC), y de este total el Gobierno concesiona inicialmente un porcentaje a un individuo o embarcación, luego el beneficiario de hecho trata su concesión o cuota con todos los derechos inherentes a una propiedad, que puede transferir mediante venta, alquiler, hipoteca, herencia etc.
Además, con los “mecanismos” ya mencionados, se puede otorgar en concesión zonas de pesca exclusivas para el comanejo público-privado, (“derechos espaciales”) que también de hecho quedan bajo la potestad de la empresa privada.
En resumen: los gobiernos quedan como simples tramitadores iniciales; la biodiversidad y ecosistemas marinos son privatizados por nacionales y/o extranjeros; se promueve la autorregulación de parte de los concesionarios (¡!); los pescadores artesanales desaparecen y se vuelven arrendatarios o subempleados de los dueños de las CIT; las CIT solas no cumplen con su objetivo de conservación y el Estado pierde de hecho su soberanía en el mar y su papel de administrar la pesca.
La USAID espera, entre otros resultados para el 2014, al menos 10 CIT establecidos y en ejecución sobre igual número de especies comerciales seleccionadas. Todos los países centroamericanos adoptan en sus legislaciones los “mecanismos” que garantizan los “derechos” de los nuevos dueños de los mares; 100,000 pescadores de pequeña escala, en una extensión de “al menos un millón doscientas mil Has” se ven afectados positiva o negativamente por el programa en ambos mares de Centroamérica.
El Congreso de Honduras, caracterizado por ser muy “servicial”, ya está a punto de aprobar los dictados de USAID incorporados en el nuevo anteproyecto de Ley de Pesca y Acuicultura… ¿Serán tan “serviciales” el resto de los gobiernos de Centroamérica?
