En Honduras, el pueblo pierde el poder, su territorio y sus recursos.

La nueva ley debe contener componentes sociales, ambientales y económicos en beneficio del pueblo, de la biodiversidad y de la humanidad.

“Las cuotas de pesca, que antes eran fijadas por el Estado a través de una especie de concesión temporal y que no constituían derechos de propiedad sobre las futuras asignaciones, hoy no nos pertenecen más, no son más un asunto de Estado, sino que son un negocio entre privados…”, denuncia el dirigente de los pescadores chilenos, Cosme Caracciolo.

Quizás se logre más “transparencia” en las relaciones entre el gobierno y las trasnacionales, pero ¿Y el derecho de los pueblos?

Lo único real es la disminución de la riqueza pesquera del Golfo de Fonseca.

La Policía no persigue delincuentes, persigue indígenas; las Fuerzas Armadas no defienden la soberanía, pero acosan a quienes la defienden en las montañas.

Los países industrializados deberían comenzar por restaurar el ambiente marino de sus “mares muertos” y zonas sobreexplotadas.

El Congreso de Honduras, caracterizado por ser muy “servicial” con los poderosos, está a punto de aprobar los dictados de USAID.

Aún se puede rescatar la ley, pero para ello se debe ser patriota antes que malinche.

Los pescadores son cada vez más numerosos y sus aperos de pesca más letales.