Mientras los conflictos sociales se multiplican en Honduras, la “Coalición de Organizaciones contra la Ley de Minería” ha encontrado en la nueva ley artículos inconstitucionales y prepara un recurso legal contra la misma.
En Atlántida, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, (MADJ), el Movimiento Ambientalista de Atlántida (MAA), y los pobladores de las 16 comunidades del sector Florida, municipio de Tela, denuncian las pretensiones del Sr. Lenir Pérez de explotar una mina de hierro “a como dé lugar”; el conflicto es manifiesto y el alcalde de Tela y la Policía arremeten en contra de las comunidades.
En Ocotepeque: el Área Protegida Reserva Natural del Guisayote está amenazada por los mineros y las comunidades se organizan para repelerlos. En Gualaco, Olancho, el Parque Nacional Montaña Botadero tiene dictámenes favorables para que se explote una mina de hierro; mientras, el instituto responsable de conservar las Áreas Protegidas y la vida silvestre se pronuncia a favor de que dichas áreas sean destruidas por la minería; en contraste, el director de USAID-Proparque, Christopher Seeley, advierte sobre el desequilibrio entre conservación y desarrollo económico como posible causa de graves impactos al ambiente que pueden generar conflictos.
En Santa Rosa de Copán, en la Mina de San Andrés se han extremado las medidas de control por parte de la empresa y se presume que van a explotar ahora el Nuevo San Andrés. La comunidad de Azacualpa sería la segunda comunidad en ser desplazada por la minería. Santa Bárbara: en Zacapa se lucha contra la represa que se quiere construir en el río Gualcarque y contra la minería que se sospecha viene con ella. Los inversionistas de la represa son un banquero deportista de Tegucigalpa y una transnacional China, (DESA/SINO HIDRO).
Hay un muerto y varios líderes comunitarios han sido encarcelados y liberados, incluyendo a la coordinadora de la etnia lenca y del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e indígenas de Honduras (Copinh) Sra. Bertha Cáceres.
El ministro del Ambiente para justificar la licencia que ha extendido sin consultar a las etnias, evade su responsabilidad por incumplimiento del
Convenio de la OIT # 169, simplemente desconociendo la existencia del pueblo lenca y la ministra de las Etnias, haciéndole coro, se atreve incluso a descalificar al Copinh (¡!). El Alcalde de Zacapa se opone a la empresa, mientras que los de Intibucá y San Francisco de Ojuera están a favor.
Las comunidades también están en conflicto, pues algunas de ellas han sido seducidas por las promesas de los empresarios, mientras otras lideradas por la etnia lenca, tienen casi 3 meses de obstaculizar el acceso de la maquinaria, a pesar de estar siendo amenazados y hostigados, por Fuerzas Armadas, Policía y fiscales.
En san Antonio, la gente confronta con machete y piedras a la Policía.
En Yoro: después de sendos cabildos, el Progreso y el Negrito son declarados Municipios Libres de Minería.
Se percibe que el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) actúa como un fantoche, con sus hilos movidos por los mineros; por lo cual se nos informa que en El Paraíso han sido rechazados de El Barro, ¡cuando intercedían a favor de un inversionista!
Así las cosas, las comunidades indígenas y locales sufren de violación a sus derechos humanos. Los convenios de la OIT; Biodiversidad; Ley de Municipalidades, del Ambiente, el SINAPH,y toda legislación es derogada, creada, modificada o ignorada a favor de la minería.
El Congreso presidido por Juan O. Hernández ha legislado para favorecer inversionistas, en detrimento del pueblo y del ambiente; instituciones responsables de normar la economía, el ambiente y lo social, se enfocan solo en lo macro económico; la Policía no persigue delincuentes… persigue indígenas; las Fuerzas Armadas, no defienden la soberanía en el Golfo de Fonseca, pero acosan a quienes defienden la soberanía en las montañas y ríos de Honduras.
¿Y, qué pasará cuando lleguen las “ciudades modelo” a apoderarse de territorios completos?
