El 1 de agosto de 2013, funcionarios del Banco Mundial y representantes de pueblos provenientes del Norte, Occidente y Sur de Honduras, se reunieron en Tegucigalpa para discutir sobre el cumplimiento de este país con respecto a la “Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas” (siglas en Inglés: EITI).
La EITI es una organización no gubernamental internacional originada en Europa y apoyada por el Banco Mundial para “lograr la transparencia entre lo que pagan las empresas y lo que recibe un gobierno” en concepto de impuestos y otros ingresos.
Para ello, integran esta instancia: gobiernos, empresa privada y “sociedad civil”, identificados casi todos estos actores en Honduras, con organizaciones miembros o favorables a las industrias extractivas.
El 22 de mayo 2013, Honduras entra a formar parte como “candidato” para cumplir los “standard” o compromisos para lograr la transparencia en el negocio de las industrias extractivas minera, gasífera y petrolera, recibiendo una donación de USA $300,000 del Banco Mundial para “ayudarle a cumplir con los requisitos”.
Es así que aprovechando la reunión con el Banco Mundial, las organizaciones indígenas lencas de occidente denuncian el irrespeto al Convenio 169, al quitárseles el derecho a su territorio ancestral y desconociéndolos como etnia, para favorecer a una transnacional hidroeléctrica china; los sacerdotes que “pastorean” en las zonas conflictivas denuncian las amenazas a muerte que reciben de los mineros; los campesinos del Bajo Aguán se quejan de la falta de gobernanza en la zona, la existencia de más de 100 asesinatos impunes y del mapeo por millares de hectáreas para decenas de proyectos mineros en la zona; los de la región Sur denuncian las contaminación de los ríos en “El Corpus” Choluteca y las pretensiones de otra minera por establecerse en medio de la comunidad de “Ojo de Agua”; el coordinador de redes ambientalistas en contra de la Ley de Minería denuncia amenazas a muerte en su contra; un matrimonio huye de Nueva Esperanza, Atlántida, por negarse a vender su propiedad a un minero y recibir hostigamiento y amenazas a muerte por más de 50 hombres armados que merodean libremente por las comunidades; un miembro del “Proyecto de Acompañamiento Internacional en Honduras” (PROAH), denuncia que tanto él como una colega han sido secuestrados por más de dos horas, por hombres armados al servicio de un minero…
La heroína de las etnias, Bertha Cáceres y casi media docena de indios más se oponen a la hidroeléctrica asiática “SINO HYDRO” y son acusados por el Ministerio Público de 5 delitos para enviarlos a la cárcel… Igual gestión hace la empresa DESA en contra de ellos.
Mientras, los fiscales ignoran las 6 amenazas a muerte en contra de la Señora Cáceres y se hace ostensible el contubernio policía/ Fuerzas Armadas/industrias extractivas/gobierno, para expropiar a los pueblos en resistencia.
Frente a esta desigual lucha por la soberanía de Honduras, resulta cínico que este gobierno aspire a ser “miembro cumplidor” de la EITI.
Quizá la EITI, al ignorar la situación real de Honduras, logre un poco de transparencia en el manejo financiero entre empresas y gobierno, pero tiende a legalizar el despojo de territorios, desalojo de comunidades, violación de derechos humanos y el saqueo de recursos por las transnacionales y la oligarquía nacional, lo cual parece ser su principal objetivo.
