Tegucigalpa, Honduras
La corrupción en las esferas municipales ha generado serios perjuicios para el Estado, de acuerdo a lo que revela una serie de auditorías realizadas por la Dirección de Municipalidades del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
El ente contralor notificó 30 auditorías a igual número de alcaldías, que se ejecutaron desde enero hasta la actualidad.
De estos exámenes han surgido responsabilidades civiles, administrativas y penales.
En el tipo de responsabilidad civil, en los últimos seis años, el perjuicio económico para el Estado hondureño ha sido de más de 755.4 millones de lempiras.
Solo en los ocho meses del 2016, el perjuicio financiero para el Estado es de 99.9 millones de lempiras, solamente en 30 de las 298 alcaldías municipales del país, según las auditorías financieras y de cumplimiento legal practicadas.
Mientras que por el inciso de responsabilidad penal, el TSC notificó 29 auditorías de enero de 2010 a septiembre de 2016.
Solamente en lo que va del 2016, el TSC remitió al Ministerio Público un total de 11 informes, por encontrarse indicios de responsabilidad penal en igual número de municipalidades.
En este tipo de informes figuran las municipalidades de Guanaja y José Santos Guardiola, en Islas de la Bahía.
Asimismo, La Ceiba y Tela en Atlántida, San Sebastián y Villa de San Antonio en Comayagua, San Marcos de la Sierra en Intibucá.
También, las alcaldías de ciudad de La Paz y Trujillo en el departamento de Colón.
Finalmente, la Unidad Supervisora de Concesiones de la municipalidad de San Pedro Sula, Cortés.
En las auditorías realizadas por el TSC, se detectó una serie de irregularidades que, en su mayoría, concluyen en notificación de pliegos de responsabilidades civiles y administrativas por incumplimiento o desconocimiento de las leyes.
Entre las faltas más comunes detectadas en las auditorías están irregularidades en el manejo de fondos en las tesorerías municipales, hay municipalidades que no cuentan con un fondo de caja chica y la no existencia de controles adecuados para el manejo del efectivo.
Otras deficiencias detectadas son las erogaciones para ejecución de obras y proyectos que carecen de documentación de respaldo legal, y en muchos de los casos no cuentan con presupuesto aprobado.
Igualmente, la sobrevaloración de obras públicas, la omisión de licitaciones por contrataciones directas, violentando la Ley de Contratación del Estado.
También, se encuentran casos de funcionarios y empleados municipales que no liquidan los viáticos, la emisión de órdenes de pago sin documentos de soporte.
Además, se identificaron excesos en el uso del teléfono celular y la no retención del Impuesto sobre la Renta, entre otros.
En los últimos días, las investigaciones de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) intensificó las indagaciones en dos municipalidades de Yoro, donde han identificaron indicios de actos de corrupción. Se trata de las municipalidades de El Progreso y la cabecera departamental de Yoro.
La ATIC sustrajo documentación relacionada a denuncias interpuestas por los supuestos delitos de abuso de autoridad y malversación de caudales públicos.
Líneas de investigación
Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) en los últimos meses ha presentado 11 líneas de investigación ante el Ministerio Público, contra igual número de municipalidades.
“En estas denuncias han avanzado considerablemente en el Ministerio Público, hay varias en las cuales ya se va a presentar requerimiento fiscal”, dijo a EL HERALDO una fuente ligada al CNA.
Entre los actos de corrupción detectados por el ente de sociedad civil figuran planillas fantasma, pagos indebidos a empleados, sobrevaloración de proyectos, malversación de caudales públicos y enriquecimiento ilícito de empleados y autoridades municipales.
Entre las municipalidades investigadas por el CNA, destacan las alcaldías de El Progreso, Yoro, San Isidro, Intibucá, Morocelí y Potrerillos en El Paraíso. Asimismo, Ojojona, El Porvenir, La Venta, Santa Ana, San Antonio de Oriente, Vallecillo, en Francisco Morazán y San Lorenzo en Valle.
Alcaldes presos por varios delitos
En los últimos dos años, siete alcaldes han sido capturados por las autoridades, por mantener supuestos vínculos con el crimen organizado.
El primero en ser detenido fue Arnaldo Urbina Soto, jefe edilicio de la ciudad de Yoro.
Urbina se encuentra encarcelado acusado del delito de lavado de activos, a la espera de juicio oral y público que se desarrollará en septiembre.
Posteriormente, fue capturado Ramón Sarmiento, alcalde de Juticalpa, Olancho, señalado del delito de almacenamiento de armas de uso prohibido.
Después, fue detenido José Adalid Gonzales, alcalde de Sulaco, Yoro, acusado de ser integrante de una banda criminal dedicada al sicariato.
En febrero de este año, mediante la Operación Avalancha, las autoridades detuvieron a Jorge Neptalí Romero, edil de Talanga, Francisco Morazán, a quien se le imputa el delito de la extorsión. En marzo, fue enviado a la cárcel José Aroldo Chinchilla, alcalde de San Fernando, Ocotepeque, acusado por el delito de asesinato.
También, fue capturado Víctor Manuel Meza, alcalde de Reitoca, Francisco Morazán, por supuesta participación en el asesinato de cinco personas.
Finalmente, fue arrestado Delvin Leonardo Fuentes, alcalde de El Negrito, Yoro, acusado de asesinato y asociación ilícita, sin embargo, tras permanecer encarcelado por una semana, un juez lo puso en libertad, tras encontrar contradicciones en las declaraciones de los testigos.
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