Tegucigalpa, Honduras
El brazo de la justicia se extiende hasta las comunidades más recónditas del territorio hondureño.
Líderes comunitarios en el área rural y urbana se han convertido en impartidores de justicia en al menos 12 departamentos del país.
Son 1,944 auxiliares de jueces que actualmente conforman el Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales que auspicia la Organización de Estados Americanos (OEA).
Rolando Argueta: El reto es ampliar el programa a todo el país
Con esta iniciativa se busca reforzar el acceso a la justicia en Honduras, al igual que en otros siete países de la región.
El programa fue establecido desde el 2012 y funciona desde las estructuras del Poder Judicial con apoyo del Reino de los Países Bajos.
El propósito es contribuir a la gobernabilidad democrática, la defensa de los derechos humanos, la reducción de la conflictividad y la seguridad de la población, particularmente aquella en condiciones de vulnerabilidad.
“Nuestro principal objetivo es brindar las condiciones para que haya mayor acceso a la justicia y la disminución de la conflictividad”, manifestó María Dolores Arauz, coordinadora del Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales en Honduras.
Los facilitadores realizan sus funciones en el ámbito geográfico de su comunidad, aldea o barrio sin alterar sus actividades económicas usuales.
Sin embargo, no tienen competencias judiciales ni actúan de oficio, sino solo cuando son consultados o si las partes en conflicto lo solicitan.
El programa se implementa en 12 de los 18 departamentos, abarcando 201 municipios del territorio nacional.
Permite auxiliar a los jueces de paz en trámites, ayuda a difundir leyes y normas cívico-jurídicas a través de charlas a la población, asesoran y acompañan a las personas en trámites judiciales y administrativos en las comunidades, realizan conciliaciones en los casos que la ley lo permite y remite a las autoridades correspondientes los casos que no son de su competencia.
Casos
Los facilitadores asisten en casos “como que el ganado le comió el cultivo al vecino, casos por chismes, por poner la música muy alta, pensiones alimenticias, entre otros”, explicó Arauz.
Sin embargo, hay denuncias que ellos no pueden abordar y resolver porque no están dentro de sus competencias, como las de orden penal, que son remitidas a las partes para que lleven a un juez competente, para evitar que queden en la impunidad.
Los facilitadores judiciales prestan un servicio voluntario, es decir, que no reciben ningún salario, pues lo hacen por ver en paz su comunidad resolviendo conflictos dentro de los limites de las leyes, brindando asesorías y realizando conciliaciones.
No obstante, reciben constantemente capacitaciones de los jueces de paz y de representantes de la OEA.
Los facilitadores judiciales son seleccionados por su comunidad, nombrados por el juez local, capacitados, supervisados y alentados por estos con el apoyo de otros operadores de justicia.
Sin embargo, para formar parte del programa deben cumplir una serie de requisitos, tales como ser una persona honorable, no tener antecedentes penales, no formar parte de algún partido político ni religioso.
La comunidad propone, por lo general, a dos o cuatro personas, y a mano alzada ellos deciden quién será su facilitador.
Reducir la mora
Con esta iniciativa se busca la reducción de la mora judicial en el país.
Constantemente, en los juzgados se reportan casos sencillos que bien pueden ser resueltos por los facilitadores y no por un juez.
También para las víctimas resulta ser mucho más barato resolver el caso a través del apoyo de un facilitador que enfrentar un juicio.
Asimismo, el tiempo de resolución de un caso es más breve que por la misma vía judicial.
Los facilitadores contribuyen a reducir los conflictos y desjudicializar la conflictividad social, es decir, que las personas encuentran solución directa a sus necesidades sin tener que acudir a las autoridades.
Por otra parte, los despachos judiciales se descongestionan, permitiendo a los jueces concentrarse en delitos graves o causas más complejas y en atender casos que comienzan a fluir con mayor frecuencia, como la violencia intrafamiliar y de género.
En Honduras, el proyecto concluye en diciembre, sin embargo, de acuerdo a los representantes del programa, hay acercamientos con el sector privado para extenderlo, porque la idea es implementarlo en todo el territorio hondureño.
“De los ocho países que implementan el programa, Honduras es un ejemplo porque el Poder Judicial ha absorbido muy rápido lo que es el servicio”, expresó Arauz.
Por su parte, Pedro Vuskovic, coordinador general del Programa de Facilitadores de la OEA, explicó a EL HERALDO que “este programa es de mucho apoyo para las instituciones del consejo judicial, para establecer mecanismos de acceso a la justicia en beneficio de la población en condiciones de vulnerabilidad”.
En los ocho países evitan que 40 mil causas judiciales sean remitidas a los juzgados.
Néstor Méndez, secretario general adjunto de la OEA, dijo a EL HERALDO que “estamos esperanzados que nos ayudará a resolver varios casos, los problemas complejos, tenemos que pensar en formas nuevas que den resultados”.
También dijo que Honduras está contribuyendo a resolver problemas antes que se vuelvan grandes y que ingresen a los órganos judiciales.
Finalmente, exhortó a la empresa privada a apoyar este de programa en beneficio de la sociedad hondureña. El Poder Judicial y la OEA conmemoran mañana el Día del Facilitador Judicial, en reconocimiento a la labor de auxilio a los operadores de justicia.
