Nueva York, Estados Unidos
Las declaraciones brindadas por los hermanos Devis Leonel y Javier Rivera Maradiaga, cabecillas de Los Cachiros, la asociación criminal hondureña dedicada al narcotráfico, siguen generando polémica internacional.
El diario The New York Times reveló este fin de semana otros detalles de las negociaciones a las que llegaron los hermanos Rivera Maradiaga con el gobierno estadounidense.
Esto para recibir una pena menor a cambio de declararse culpables del tráfico de drogas, de cometer decenas de asesinatos y de revelar detalles de cómo operaban, presuntamente, en confabulación con policías, militares y políticos hondureños.
A continuación una edición del reportaje de The New York Times:
El número de asesinatos que el señor de la droga hondureño admitió haber orquestado durante 10 años fue impresionante.
Los muertos incluyeron a personas que describió como asesinos, violadores y pandilleros. Luego estaban los inocentes: un abogado, dos periodistas, un refugiado hondureño en Canadá, un funcionario que servía como zar antidrogas de Honduras y un político que se convirtió en su asesor; hubo incluso dos niños atrapados en un tiroteo.
En total, el narcotraficante Devis Leonel Rivera Maradiaga dijo que, trabajando de concierto con narcotraficantes y otros, había “causado” la muerte de 78 personas, un número que planteaba un dilema para los funcionarios de Estados Unidos cuando Rivera llegó a ellos ofreciendo exponer la corrupción de alto nivel en esta nación centroamericana de unos nueve millones de personas.
Sabiendo que ya estaba en la mira de los investigadores de Estados Unidos, Rivera trató de ayudar a la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) a erradicar a los políticos hondureños corruptos y a otras élites que habían hecho de Honduras una puerta para enviar cantidades masivas de cocaína hacia Estados Unidos a través de México.
La oferta llegó en un momento en que los funcionarios estadounidenses estaban profundamente preocupados por la caída de Honduras en la anarquía. Aliado incondicional y sede de una base militar de Estados Unidos, Honduras estaba plagada de narcotraficantes y pandillas y tenía una de las tasas de homicidios más altas del mundo. Es el primer punto de aterrizaje para alrededor del 80 por ciento de los vuelos sospechosos de drogas que salen de América del Sur, dijo el Departamento de Estado.
Sin embargo, firmar con el señor Rivera un acuerdo formal de cooperación significaba que el gobierno probablemente tendría que hacer algo por él: buscar la clemencia en su nombre, lo cual podría evitarle una larga sentencia de prisión y dejar a las familias de las víctimas hondureñas creer que el señor Rivera se libró de (pagar por) los asesinatos.
Hoy, cuatro años después de iniciada la cooperación clandestina del señor Rivera, los fiscales federales de Manhattan, con su ayuda, acusaron a siete policías de la fuerza nacional de Honduras, junto con el hijo del expresidente del país y varios miembros de una destacada familia bancaria hondureña.
La evidencia, dijo un fiscal en una audiencia el 5 de septiembre, mostró nada menos que el “tráfico de drogas patrocinado por el Estado”.
Los investigadores también recopilaron evidencias de que el expresidente de Honduras, Porfirio Lobo, tomó sobornos para proteger a los traficantes y que el dinero de la droga pudo haber ayudado a financiar el ascenso del actual presidente del país, Juan Orlando Hernández.
Ningún político ha sido acusado y, a través de representantes, negó vigorosamente las acusaciones a The New York Times.
Aquí en la capital, que se encuentra rodeada de montañas, se ha especulado mucho sobre quién se enfrentará luego a los cargos en Nueva York, algunos de ellos alimentados por la Embajada de Estados Unidos, que tomó el paso inusual de publicar una lista de hondureños, incluidos actuales oficiales militares, bajo investigación por narcotráfico y corrupción.
Los fiscales han reclutado a cooperadores con antecedentes violentos para lograr el mayor objetivo de derribar a un líder de la mafia o a alguna banda violenta. Salvatore Gravano, exsubcomandante de la familia del crimen Gambino en Nueva York, quien se convirtió en informante del gobierno, admitió haber matado a 19 personas.
En el caso de Honduras, los fiscales que aprobaron el acuerdo con el señor Rivera y un segundo acuerdo con su hermano, Javier, dicen que los hombres ofrecieron una oportunidad única para exponer los vínculos entre narcotraficantes y políticos y empresarios hondureños.
“El tráfico de drogas ilegales en Honduras no solo infectó gran parte de su sociedad civil, incluyendo a los niveles más altos de gobierno y su sector financiero, sino que también trajo niveles alarmantes de violencia a su pueblo”, dijo Joon H. Kim, en Manhattan, en un comunicado.
Los detalles de la cooperación de Devis Rivera, que incluyó el registro subrepticio de los objetivos hondureños, surgieron en marzo, cuando testificó durante dos días contra Fabio Lobo, hijo del expresidente de Honduras.
El Sr. Lobo fue recientemente condenado a 24 años de prisión por conspiración de tráfico de cocaína.
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Asesinato de un general
Los hermanos Rivera, que dirigían una organización de traficantes llamada Los Cachiros, construyeron una fortuna como intermediarios, trasladando cocaína de pistas de aterrizaje ocultas hacia el norte a los carteles mexicanos.
Los hermanos utilizaron la violencia y otros medios para eliminar rivales desde al menos 2003, cuando Devis Rivera estuvo involucrado en el asesinato de un guardia de seguridad de un hospital y, el año siguiente, el asesinato del hombre que había estado vigilando, un líder hondureño del cartel.
A finales de 2009, el señor Rivera testificó que él y otros traficantes se sentían amenazados por el general Julián Arístides González Irías, el zar antidrogas hondureño. La Embajada estadounidense en Tegucigalpa describió una vez al general Arístides González como la “última mejor esperanza” para revivir los esfuerzos antinarcóticos de Honduras, según un cable publicado por WikiLeaks.
“La decisión fue tomada para matarlo”, declaró Rivera. El general Arístides González fue asesinado el 8 de diciembre de 2009 por un pistolero en una motocicleta.
El señor Rivera declaró que los traficantes pagaron entre 200,000 y 300,000 dólares por el asesinato, que fue manejado por un grupo de policías.
Eso fue alrededor del mismo tiempo, declaró Rivera, que él y su hermano compraron un presidente.
Preocupado por la posibilidad de extradición a Estados Unidos, Rivera dijo que pagó más de 400,000 dólares en sobornos al presidente Porfirio Lobo, antes y después de las elecciones de noviembre de 2009. En la casa del presidente Lobo, a principios de 2010, Rivera recibió la garantía que quería.
“El presidente me dijo que le dijera a mi hermano que no se preocupara”, recordó Rivera, “porque durante su mandato de cuatro años nadie sería extraditado”.
El presidente Lobo también designó a su hijo Fabio, que en su tiempo fue juez de la corte de menores, “como intermediario que podría protegernos, ayudarnos -a Los Cachiros-”, dijo Rivera.
Fabio Lobo se convirtió en un valioso aliado. “Le di un soborno casi cada vez que lo encontraba”, dijo Rivera. “Sabía que al tenerlo conmigo, todo saldría bien”.
Una vez, el hijo del presidente, montado con sus efectivos de seguridad armados en un convoy de SUV Prado azul, escoltó 1,000 kilogramos de cocaína para los hermanos a través de un puesto de control policial.
“Bajó un poco las ventanas y luego empezó a hablar con los agentes de policía”, recordó Rivera.
Según el relato del señor Rivera, el hijo del presidente se lanzó a su nuevo papel, pidiendo visitar una pista de aterrizaje al aire libre para “sentir la adrenalina, lo que se experimenta cuando se recibe un avión cargado de drogas”.
“Haría cualquier cosa por ti”, dijo Fabio Lobo en una conversación grabada. “Iré a la luna y regresaré por ti”.
Con el patrocinio del presidente Lobo, los hermanos invirtieron en empresas de construcción que compitieron por contratos gubernamentales. A la manera de Pablo Escobar, abrieron un zoológico, con tigres, jaguares y leones. Los hermanos también desarrollaron relaciones con una de las familias más prominentes del país, los Rosenthal, que actuaban como banqueros y lavadores de dinero. Invirtieron el producto de la droga en el ganado, con su carne de vaca exportada más adelante a los Estados Unidos, y agricultura.
Brian H. Bieber, abogado del expresidente Lobo, dijo que su cliente sigue siendo investigado por las autoridades estadounidenses. Dijo que la situación ha sido frustrante para el señor Lobo, que ha sido “fuerte y claro en su negación enfática” de las denuncias de Rivera.
“No hay absolutamente ninguna evidencia creíble para apoyar las denuncias hechas por un asesino en masa admitido y un narcotraficante convicto”, dijo Bieber, agregando que el expresidente no tenía “absolutamente ninguna” relación con Los Cachiros.
A medida que el mandato del presidente Lobo se acercaba a su fin en 2013, el señor Rivera tenía nuevas preocupaciones.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos había anunciado sanciones contra los hermanos Rivera, y las autoridades hondureñas comenzaron a apoderarse de sus bienes, valiéndose de cientos de millones de dólares, incluso de su zoológico.
“Tenía miedo por mi vida. Tenía miedo por mi familia”, declaró Rivera. “Podrían matarme porque había trabajado con políticos, policías”.
En diciembre de 2013, el señor Rivera declaró, él y su hermano Javier habían comenzado a hablar con la DEA y los fiscales para tratar de llegar a un acuerdo.
Un negocio del diablo
Los fiscales lucharon con la idea de conceder un trato a los hombres que habían matado a tanta gente, particularmente a inocentes, según funcionarios actuales y anteriores del gobierno.
Poco se ha dicho acerca de cómo comenzó ese acuerdo. El 5 de diciembre de 2013, el señor Rivera y su abogado se reunieron con la DEA y por lo menos un fiscal en una sesión secreta en Belice, según un documento. En total, se realizaron unas 20 sesiones, según el documento.
“Estábamos tratando de corroborar lo que nos estaban diciendo, obviamente, a través de ese proceso”, dijo un alto funcionario de la DEA.
Un funcionario dijo que los fiscales no eran conscientes de en cuántos asesinatos el señor Rivera había estado involucrado -solo su papel en el narcotráfico- hasta después de que las pláticas comenzaron.
Bajo un acuerdo de cooperación, los hermanos tendrían que admitir -y declararse culpables- de todos los asesinatos y otros crímenes que habían cometido, incluso aquellos de los que las autoridades no eran conscientes. Esos serían asesinatos que de otro modo podrían no tener explicaciones en Honduras.
“Una declaración de culpabilidad como parte de la cooperación es, a menudo, la única forma en que el acusado puede ser considerado responsable”, dijo Kim, el abogado de Estados Unidos en funciones, hablando en general.
El acuerdo de Rivera demuestra que sí cumplió su parte del acuerdo, los fiscales buscarán indulgencia en su sentencia. También puede ser incluido en el programa de protección de testigos, dice el documento. Algunos de sus parientes ya han sido autorizados a trasladarse a Estados Unidos, declaró Rivera.
El alcance de la asistencia de los hermanos Rivera continúa haciéndose público en los procedimientos judiciales. Este verano, el gobierno, a través de la DEA, mostró que en 2013 el señor Rivera, secretamente, grabó una conversación con otro traficante hondureño que afirmó haber hecho un pago de 250,000 dólares destinado a Juan Orlando Hernández, quien luego se convirtió en presidente de Honduras. El documento no indica que el señor Hernández haya recibido el dinero.
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La oficina del señor Hernández respondió que no estaba enterada hasta que la investigación de The Times daba esta alegación de la DEA sobre el citado documento. Atribuyó la reclamación a los narcotraficantes que han sido blanco de la campaña antidrogas del propio gobierno de Hernández.
“Es lógico e incluso predecible que los criminales que han sido dañados por las acciones de nuestro gobierno sientan odio y resentimiento contra aquellos que han tomado esas decisiones”, escribió la oficina del señor Hernández en un comunicado.
La oficina del presidente dijo que la lucha de la administración contra los narcotraficantes ha resultado en 14 extradiciones y la destrucción de 150 pistas de aterrizaje clandestinas.
Durante el mandato del presidente Hernández, la tasa de homicidios de Honduras ha caído. Alrededor de un tercio de la fuerza policial ha sido despedido tras revelaciones del papel de algunos funcionarios en los asesinatos relacionados con las drogas.
Sin embargo, un reciente informe del Departamento de Estado señaló que en Honduras “han surgido nuevos jefes criminales para asumir el liderazgo de redes desmanteladas para continuar el contrabando de cocaína y otras formas de delincuencia”.
El señor Rivera ha indicado que ha cumplido con su objetivo.
“Lo que hice fue confesar todos los crímenes que he cometido”, declaró. “El trabajo que he hecho con ellos ha sido darles información, toda la información que yo conocía, sobre mi trabajo con el narcotráfico y los políticos”.
