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Tegucigalpa, Honduras
“Me mencionó que iban a llevar un barco pesquero a cierta área del mar Caribe y que luego enviarían un bote rápido a un lugar determinado, y que esa era la forma en que lo harían”, declaró un testigo en un tribunal del Distrito Sur de la Florida al referir cómo Sergio Neptalí Mejía Duarte trasladaba cargamentos de droga de Colombia a Honduras.
La confesión de este testigo hondureño, también preso en Estados Unidos por narcotráfico, sirvió para que la justicia norteamericana, el lunes 21 de mayo de este año, le diera cadena perpetua a Mejía Duarte tras encontrarlo culpable de tráfico de al menos 20,000 kilogramos de cocaína.
La declaración de cómo Mejía Duarte y los narcotraficantes colombianos José Pérez y Manuel Mosquera (igualmente presos en Estados Unidos) usaron embarcaciones de pesca industrial y lanchas rápidas para mover la droga en el Caribe evidencia la enorme infiltración del narcotráfico en la industria pesquera.
También refleja la razón del por qué los narcos pagan enormes cantidades de dólares en sobornos en la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para obtener una autorización para pescar langosta, pepino de mar o caracol, aún cuando este rubro ya no les representa mayores ganancias.
Los informes investigativos de lo que pasa en el rubro pesquero y de la corrupción en la Dirección General de Pesca (Digepesca) están ahí desde hace varios años, pero la justicia hondureña se muestra muy cómoda ante tales hechos que golpean severamente una actividad de gran importancia para el país.
En la medida que los capos de la droga y sus nexos sigan declarando ante la justicia estadounidense las investigaciones de los agentes hondureños se confirmarán.
En la Corte norteamericana el testigo anteriormente mencionado relató que Mejía Duarte le dijo que el envío se haría en un barco de pesca y que iban a ser pequeñas cantidades.
¿Cuánto eran esas pequeñas cantidades?, le preguntaron.
“Cantidades de entre 400 y 600 kilos”, respondió el interpelado.
Involucramiento
Uno de los informes de un agente hondureño precisa cómo familias y personas -originarias del Atlántico- están relacionadas con el narcotráfico y usan naves pesqueras, lanchas ligeras y empacadoras de mariscos para mover droga y lavar dinero en esa zona.
En el documento se menciona a una persona identificada únicamente como “Volantío”, propietario de una embarcación pesquera con registro en Roatán y con licencia para captura de pepino de mar.
Además de señalarse su relación con el narcotráfico, se le acusa de haber interceptado 17 fardos de droga que estaban flotando en el mar y que no entregó a las autoridades.
Este involucramiento coincide con las declaraciones que rindió el narcotraficante colombiano Óscar David Pulgarín -preso en Estados Unidos- ante el tribunal del Distrito Sur de la Florida, donde afirmó que “Volantío” era la mano derecha de Mejía Duarte.
Pulgarín explicó ante el juez que él y su grupo mafioso movieron más de 25 toneladas de cocaína de Colombia pasando por Centroamérica hasta llegar a México, por un valor aproximado a los 200 millones de dólares.
El valor del kilo en Colombia es de 2,000 a 3,000 dólares; una vez que llega a Panamá el precio asciende a 4,000 o 4,500 dólares, puesto en Costa Rica sube 700 dólares adicionales, llegando a 5,200 a 5,300; una vez puesto en la frontera de Honduras y Nicaragua el costo sube a 6,400 dólares y cuando llega a la frontera Honduras y Guatemala el precio es de 7,500 u 8,000 dólares, precisó.
Rememoró que durante 2005 y 2006 se quedó en Panamá recibiendo la droga que llegaba a un pueblo de Panamá llamado Azuero. Recordó que un solo bote traía alrededor de tres toneladas. Al día siguiente arribaba el grupo hondureño, bajo las órdenes de “Volantío”, para trasladarla a este país.
Pero para llevarla a Honduras se requerían dos botes por el peso y las millas de recorrido. “La primera vez fue con ‘Volantío’ y eso nos dejaba con 1.5 toneladas. Y una vez que el primer viaje era exitoso, él venía por la segunda tonelada”, describió el narco.
Pulgarín afirmo que “Volantío” era un trabajador de confianza de Mejía Duarte. Declaró que la segunda vez que él se vio con Mejía Duarte en los lagos (supuestamente el Lago de Yojoa), carretera a San Pedro Sula, “Volantío” lo fue a recoger al aeropuerto.
Responsabilidad
La infiltración del narcotráfico en la industria pesquera no es nada nuevo; sin embargo, las autoridades de la SAG, de la Digepesca, de la Marina Mercante y de la Fuerza Naval, responsables de su control y vigilancia, no han realizado mayor esfuerzo para contrarrestarlo, más bien se han lucrado del problema.
En 2005, Francisco Javier Zelaya era un hombre común en La Ceiba, tenía un par de pangas con motores pequeños, unos dos carros modelos viejos y una pequeña venta de mariscos, así como algunos puntos de distribución de drogas en el barrio Inglés y en el barrio La Gloria, entre otros.
Pero para 2010 ya era un potentado millonario, poseedor de varios negocios, entre ellos una flota de nueve barcos pesqueros y varias empacadoras de productos del mar. Tenía también su propio muelle en La Ceiba.
A pesar de que desde 2007 las autoridades antidrogas de Honduras conocían cómo Zelaya movía la droga y lavaba activos -usando el rubro de la pesca industrial y artesanal- no hicieron mayor esfuerzo por capturarlo. Fue hasta 2013 que a Zelaya lo arrestaron en México y lo extraditaron a Estados Unidos.
Igual ocurrió con Carlos Arnoldo “El Negro” Lobo, quien en pocos años pasó de simple pescador, un capitán de barco que deambulaba por los muelles de La Ceiba, hasta convertirse en un capo con una flota de 18 embarcaciones pesqueras, así como cuatro empresas dedicadas a la explotación y comercialización del producto marino ubicadas en Roatán y La Ceiba.
Lo mismo sucedió con Wilter Blanco, a quien las autoridades hondureñas en vez de capturarlo lo protegían. Él era dueño de al menos cuatro embarcaciones pesqueras, así como de dos empresas ligadas al procesamiento de productos del mar.
Si bien los narcos ponen la mayoría de sus bienes -en este caso, las embarcaciones y empresas relacionados con la pesca- a nombre de testaferros, los investigadores ya las han identificado; sin embargo, ninguna autoridad hace nada para bloquearles las licencias de operación y así evitar la contaminación de la industria.
Esta situación no ha cambiado. Los documentos y las fuentes revelan que actualmente detrás de la apariencia de legalidad en las autorizaciones para pesca industrial y artesanal avanzada, siguen moviéndose miles de dólares en la SAG, una entidad cooptada por un político en el Congreso Nacional quien quita y pone sus piezas en puntos clave para controlar la institución.
Aunque los investigadores detallan los nombres de las familias y personas vinculadas a los narcóticos que han penetrado la explotación pesquera, ellas siguen operando en esta actividad sin mayores obstáculos.
Indiferencia
Un informe también hace referencia a la actitud de las autoridades de la Marina Mercante y de la Fuerza Naval en la vigilancia y control de los barcos pesqueros en alta mar.
En los últimos años esa rama de las Fuerzas Armadas fue fortalecida con las corbetas Lempira y Morazán, por las cuales el Estado paga en alquiler millones y millones de dólares con nulos resultados en la lucha contra el narcotráfico.
Las patrulleras de la naval jamás van más allá de la longitud 82 grados 40 minutos, por lo general sus embarcaciones se mantienen ancladas frente a la barra de Caratasca y si se mueven es a los cayos al norte.
En el sector de Banco Gorda nunca se ven patrulleras, a pesar de que en este punto se concentra la explotación de pepino de mar. Aquí decenas de lanchas, con potentes motores, van y vienen y nadie sabe cuáles están pescando y cuáles traficando droga.
Ante la falta de control, personas vinculadas al narcotráfico han montado una estructura, con operaciones de comunicación y logística para narcolanchas, además de recolectar productos del mar ilegalmente.
Este banco es el de mayor afluencia, pero a pesar de ello no hay presencia de la Naval en la zona, se recalca en el documento.
Igual se señala la ausencia en los muelles de La Ceiba, llevando a que estas zonas se vuelvan fértiles para tráfico de personas, armas y drogas.
No es sorpresa que en uno de los informes se mencione a un vicealmirante, un contralmirante y un capitán de navío haciendo trato con políticos y narcos del Atlántico.
La investigación también establece que las capitanías de puerto de la Marina Mercante otorgan zarpes a embarcaciones de carga y de pesca a cambio de dinero, sin importarles las condiciones y lo que lleven dentro.
Tampoco participan en el zarpe y arribo de las embarcaciones, a pesar de que la ley les manda realizar esa supervisión. Todo esto pasa alrededor de la industria pesquera nacional, con reconocidas figuras vinculadas al narcotráfico y funcionarios corruptos a quienes las autoridades se resisten a someter.
