TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La justicia de Estados Unidos reconoció que las negociaciones para la entrega de uno o dos miembros del clan de los Urbina Soto fracasaron.
Tras la presentación de los cargos de narcotráfico en contra del exalcalde de Yoro, Yoro, Arnaldo “Moreno” Urbina Soto, y sus hermanos Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) comenzó un proceso de acercamiento con ellos para que se entregaran de manera voluntaria y responder a las acusaciones.
“El gobierno (de Estados Unidos) trabajó con la DEA en un esfuerzo por arreglar la entrega de uno o más de los acusados. Como esos esfuerzos no tuvieron éxito, el gobierno envió una carta a Honduras el 7 de enero de 2019, solicitando que los acusados fueran arrestados provisionalmente en ayuda de las solicitudes de extradición anticipadas de Estados Unidos”, señala una carta enviada por el fiscal de Nueva York, Geoffrey Berman, a la juez asignada al caso Denise L. Cote.
La misiva con fecha 19 de febrero de 2019, indica que “hasta la fecha, por lo que el gobierno (de Estados Unidos) sabe, el gobierno de Honduras no ha respondido a la solicitud y los acusados siguen en libertad en Honduras. En consecuencia, el gobierno solicita respetuosamente permiso para presentar otra carta de estado al Tribunal, siempre y cuando se tome a uno de los acusados bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos o extranjeras”.
Las investigaciones de la justicia de Estados Unidos señalan al exalcalde de Yoro de actuar como principal cabecilla de una red criminal que desde 2009 a 2014 conspiró para traficar con cocaína.
“Los acusados Urbina Soto capitalizaron su poder en el departamento de Yoro y se aliaron con otros grandes grupos criminales hondureños, como Los Cachiros y con los Valle Valle, para recibir aviones cargados de cocaína en varios lugares de Honduras, incluidas pistas de aterrizaje clandestinas en áreas remotas y carreteras públicas”, establece la acusación. Aunque Estados Unidos solicite en extradición a “Moreno”, este no podría ser entregado debido a que tiene una sentencia de entre 15 y 20 años de cárcel pendiente por lavado de activos. Quienes sí pueden ser extraditados son Carlos Fernando y Miguel Ángel Urbina Soto, prófugos de la justicia.
“Los Urbina Soto coordinaron y, en ocasiones, se unieron personalmente, fuertemente armados, a supervisar la descarga de los aviones y el transporte de la carga ilícita en relación con la importación de cantidades masivas de cocaína a Estados Unidos”, señala la acusación.
