TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Una de las decisiones más difíciles en la vida es dejar el país, la tierra natal, la familia, el entorno que lo vio nacer y crecer.
Las circunstancias son diversas para los millones de personas en el mundo que experimentan esta situación; muchos emigran de su patria para buscar un mejor bienestar para sus familias, otros para llegar a estratos superiores mediante la preparación académica. En fin, un sinnúmero de coyunturas obligan a la persona a vivir en otro país, enfrentando múltiples valladares.
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Costumbres, comidas, climas y tal vez uno de los más difíciles obstáculos de superar es el idioma.
Pero una gran mayoría de los que son extranjeros en un país gozan del placer que brinda la libertad, a pesar de las barreras ya expuestas. ¿Qué ocurre, entonces, con quienes no la tienen, viviendo en el extranjero?
¿Cuántos son los extranjeros presos?
Honduras no es la excepción en el universo de países en el que en sus cárceles habitan cientos de personas de distintas nacionalidades, junto a un número superior de connacionales.
EL HERALDO le detalla a continuación cuántos y de dónde son los prisioneros foráneos en los 25 reclusorios diseminados en el territorio hondureño.
De acuerdo con el control de las estadísticas actuales del Instituto Nacional Penitenciario (INP), son 193 los privados de libertad de nacionalidad extranjera que habitan las cárceles hondureñas, entre hombres y mujeres.
Centroamericanos los primeros
La cercanía de los países centroamericanos fronterizos con Honduras genera un tránsito y una relación inmediata con nuestro territorio, entre ciudadanos nicaragüenses y salvadoreños.
Es precisamente en ese orden descendente, las nacionalidades que predominan entre los convictos extranjeros que habitan los centros penales hondureños.
Sin embargo, en total, los 193 reclusos provienen de 15 países distintos, de América, Asia y África.
La larga lista la encabeza el hermano país de Nicaragua con 60 prisioneros, 48 varones y 12 mujeres, presos en 12 centros penales.
El Salvador con 45 reos ocupa el segundo lugar en la población penitenciaria extranjera, con 44 varones y una fémina.
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Por la lejanía, pocos podrían pensar que ciudadanos de una nación sudamericana podrían guardar prisión en nuestro país, pero no es así.
El permanente tráfico de drogas desde el sur del continente pasando por Centroamérica para llegar al destino final, Estados Unidos, deja a su paso la estela de este delito en suelo hondureño y sus secuelas criminales. Prueba de ello son los 31 colombianos presos en Honduras, la mayor parte acusados por delitos de narcotráfico, entre otros, derivados de esta actividad ilícita.
Guatemala, otro país del Triángulo Norte centroamericano, también tiene su cuota en las cárceles del país. Un total de 30 personas, 29 hombres y una mujer, están tras las rejas en diez penales diferentes. En menor escala está Estados Unidos, Panamá, Brasil, México, Costa Rica, Jamaica, Belice, Cuba, Filipinas, Camerún y China.
¿Dónde está la mayoría?
La cárcel nacional que más alberga presidiarios extranjeros es el Centro Nacional Penitenciario de Támara, antes conocida solamente como penal de Támara. En este reclusorio están guardando prisión 52 reos foráneos, 16 de ellos son colombianos, diez salvadoreños, nueve nicaragüense, entre otros.
El recinto penal de Choluteca, situado en la cabecera departamental, es el segundo con mayor población penitenciaria extranjera. En él pagan sus condenas 42 personas: 22 hombres y nueve mujeres procedentes de Nicaragua, siete salvadoreños, tres guatemaltecos y un brasileño.
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Como la comisión de los delitos no es propia solo de los hombres, en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) viven 11 privadas de libertad de nacionalidad distinta a la nuestra. Tres nicaragüenses, similar número de estadounidenses, dos colombianas, una salvadoreña, una guatemalteca y otra de origen camerunés.
El reclusorio de El Progreso es el otro centro penal en el que habitan mujeres extranjeras que han cometido delitos en el país, para hacer un total de 12.
Su situación jurídica
La condición jurídica de los privados de libertad no es tan halagadora para todos. De los 193, solamente 81 tienen una condena establecida por las leyes hondureñas, los restantes 112 están en la fase de procesados, según explicó el INP.
De los más de 78 delitos que se establecen en el Código Penal vigente, en 35 de estos dolos han incurrido los 193 extranjeros presos en Honduras.
De los 35 cometidos, el de posesión y tráfico ilícito de drogas es por el que más han sido detenidos y posteriormente judicializados.
Le siguen robo, otros no especificados, portación ilegal de armas, lavado de activos, violación, homicidio, contrabando, facilitación de medios para el tráfico de drogas, asesinato, etc. Los registros más recientes a los que tuvo acceso EL HERALDO indican que en 20 de los 25 centros penales del país hay por lo menos un extranjero en condición de reo.
Las únicas cárceles que no cuentan con ellos son el penal de La Paz, Yoro y Olanchito, departamento de Yoro; La Esperanza, Intibucá; y el reclusorio de Trujillo, Colón.
Las condiciones
Los extranjeros, al igual que los connacionales, han tenido que luchar contra todas las falencias que tiene el sistema penitenciario del país; tal vez la más difícil situación es el hacinamiento que existe en todas las 25 cárceles. La falta de garantías de seguridad dentro de los reclusorios es otro devenir que todo reo tiene que enfrentar, más aún cuando se es un extraño en esta tierra.
Y qué decir del tipo de alimentación. En los últimos años, familiares de los internos han denunciado las presuntas condiciones inhumanas en las que los alimentos les son servidos, pues parecida situación experimentan los extranjeros, al no haber privilegios por ser foráneos. Los extranjeros presos en Honduras representan el 0.89 por ciento de toda la población penitenciaria, que asciende en la actualidad a 21,620 privados de libertad, en las 25 cárceles y cuatro anexos, instalados en tres batallones militares y otro en una unidad policial. El 58 por ciento de los presidiarios están en calidad de procesados y sólo el 42 por ciento restante tiene una condena firme por parte del Estado.
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