TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En manos de la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial (UF-Adpol) del Ministerio Público se encuentran listos 20 requerimientos fiscales contra altos funcionarios y exfuncionarios policiales para ser presentados ante el Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional.
Las investigaciones implican en el delito de lavado de activos a exjerarcas policiales que, presuntamente, valiéndose de su posición a lo interno de la institución armada, lavaron millonarias cantidades de dinero.
De acuerdo con informes confidenciales a los que tuvo acceso EL HERALDO, los exjefes de la Policía Nacional, José Luis Múñoz Licona, Ricardo Ramírez del Cid, Juan Carlos “El Tigre” Bonilla y hasta el actual director José David Aguilar Morán, figuran en las investigaciones de los fiscales de UF-Adpol.
En la lista, además, aparecen varios comisionados y subcomisionados, algunos que fueron separados por la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional y otros que se mantienen activos en la institución armada.
Una fuente confidencial confirmó a EL HERALDO que a los tres primeros (Múñoz Licona, Ramírez del Cid y Bonilla) se les investiga porque, supuestamente, presentaron un incremento patrimonial de más de 30 millones de lempiras que no han logrado justificar su procedencia lícita.
Los abogados de ellos han llegado al MP para tratar de desvanecer las acusaciones que prontamente serán presentadas ante los órganos jurisdiccionales.
Las indagaciones del ente fiscal señalan que los investigados han recurrido a una serie de acciones para acreditar de la legalidad de los millonarios recursos, sin embargo, estos extremos han sido desvanecidos en etapas preparatorias a la investigación.
“En contra de ellos hay investigación sumamente avanzada, la información financiera es grande y sobrepasa los 30 millones de lempiras cada uno”, expresó la fuente a EL HERALDO.
Las investigaciones van primordialmente sobre los exdirectores y se prevé que durante este 2020 sean judicializados.
“Para hacerle un balance de todos ellos, los últimos exdirectores, todos ellos tiene empresas, negocios, movimientos financieros en millones, algunos son socios con otros”, señaló la fuente.
Los informes confidenciales revelan que el exdirector de la Policía, Ricardo Ramírez del Cid, posee una serie de empresas mercantiles y supuestas empresas, por donde, presuntamente, ha lavado millonarias cantidades de dinero, según las pesquisas.
“Cómo es posible que se pueda tener una empresa que reporta ganancias de tres millones y cuando va a ver las compras de la empresa le aparece en cero. Qué empresa va a vender y no va a comprar”, comentó la fuente.
¿Pesquisas bloqueadas?
Otra decena de casos que incluyen a policías depurados y activos se encuentran parados debido a que la misma Secretaría de Seguridad se niega a brindarle información a los investigadores.
Una de las líneas se refiere al mal manejo de fondos públicos que son de la Secretaría de Seguridad, referente al saqueo de productos automotrices.
“Esto es corrupción pública, estaban sacando grandes cantidades de dinero de la Secretaría de Seguridad”, expresó la fuente.
Los informes en poder del Ministerio Público revelan que todos los expedientes bajo investigación fueron entregados en 2016, por los representantes de la Comisión Especial de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
Obstáculos
Los fiscales a cargo de las investigaciones de los implicados en supuestos actos de corrupción se han encontrado con una serie de obstáculos en la Secretaría de Seguridad.
De acuerdo con una serie de denuncias, la Secretaría de Seguridad ha impedido el avance de las investigaciones porque le ha negado en bastas oportunidades a los fiscales la información referente a los agentes y oficiales.
Las mismas autoridades de Seguridad nombraron un enlace entre los fiscales para responder a los requerimientos de seguridad, sin embargo, nunca ha contestado las comunicaciones hechas.
Pero los obstáculos no solo se encuentran en Seguridad, sino también en el Tribunal Superior de Cuentas (TSC).
Desde este ente contralor se entregan finiquitos a favor de oficiales que en el MP se han detectado incongruencias patrimoniales e implicaciones en presuntos actos de corrupción.
“En el Tribunal de Cuentas les entregan como cartas de azar los finiquitos a una gran cantidad de oficiales”, dice la fuente.
Casos judicializados
En los últimos meses, la UF-Adpol ha judicializado unos cinco casos ante los tribunales de justicia.
El primero fue el expediente penal del exsubcomisionado Jorge Barralaga Hernández, que fue encontrado culpable por el delito de lavado de activos al no poder demostrar ante los jueces la procedencia lícita de más de 70 millones de lempiras. A Barralaga se le confiscaron más de 250 bienes inmuebles situados en el departamento de Colón.
Asimismo, se interpuso un requerimiento fiscal contra el excomisionado Lorgio Oquelí por una incongruencia en su patrimonio.
Las investigaciones señalan que Oquelí, quien se encuentra prófugo de la justicia, no ha logrado demostrar la procedencia de más de 17 millones de lempiras. Supuestamente, el exoficial, mientras fungía como jefe policial en Choluteca, cobraba sobornos a empresarios que trasladaban ganado desde Nicaragua. Los fiscales también acusaron al exsubcomisionado José Orlando Leiva Natarén por el lavado de más de 300 millones de lempiras.El exoficial está prófugo de la justicia.
Mientras que el último caso fue interpuesto contra el comisionado Leonel Sauceda porque supuestamente no ha logrado justificar la procedencia de más de 13 millones de lempiras.
