'El Tribunal que conoce la causa es de la opinión que, en virtud de que nos encontramos en un Estado de excepción en donde han quedado suspendidas las garantías constitucionales, también queda en suspensión los términos de la prisión preventiva', informó el Poder Judicial.
La defensa de los imputados aduce que el mismo Poder Judicial emitió un auto acordado en el que se permite que los imputados puedan defenderse en libertad.
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En este caso, a los acusados ya se les venció el período de dos años bajo la medida de prisión preventiva que establece el Código Procesal Penal, y de acuerdo a los defensores se está violando el derecho a la legítima defensa.
'Es una decisión desacertada en el sentido de que el fundamento en el que entiendo en qué se basan que es la supuesta restricción de garantías fundamentales obviamente interpretado fuera del marco por el cuál se está haciendo. El Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros suspende las garantías constitucionales entre ellas las del artículo 69 (constitucional) que es la libertad individual con el propósito específico de poder detener a personas que puedan poner en riesgo la seguridad. Pero, estas personas ya estaban detenidas y si ya estaban detenidas no tienen que restringirles algo de lo cual ya está privado', expresó el abogado penalista Julio Ramírez.
'Todos sabemos que la prisión preventiva tiene un máximo de dos años y se extiende hasta seis meses más a solicitud ante la Sala Penal y si pasado ese término entonces obviamente se deja a la persona en libertad', expresó.
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Además de Tesla Ortega Valle, figuran entre los acusados los señores Juan Carlos Rosales, Digna Rosales, Hubaldina Guerra, Darwin Diaz, Lesly Espinoza, Bayron Rosales, Juventino Rosales y Amelia García.
Ellos son acusados de los delitos de lavado de activos y asociación ilícita para lavar activos en perjuicio de la economía del Estado de Honduras.
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