Invest-H pretendía que el Consejo Directivo avalará el POA de emergencia a pesar de que ilegalmente no fue tomado en cuenta para la aprobación de compra y contratos celebrados por la institución durante la pandemia del covid-19.
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Entre las irregularidades está la violación a la Ley de Cuenta del Desafío del Milenio que en su artículo 19 numeral cinco establece que el Consejo Directivo de forma previa a su ejecución es el que debe aprobar el POA, presupuesto y montos de contratos a realizar por Invest-H.
Es así que la votación fue unánime por parte de Marta Doblado (SCGG), Rocío Tábora, (Sefin), María Antonia Rivera (SDE), Eduardo Atala (Cohep) y Patricia Pérez (Fonac) porque los estaría involucrando en los actos ilícitos de Invest-H.
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Omar Rivera, secretario general del Foro Nacional de Convergencia (Fonac), explicó que ellos como parte del Consejo Directivo instan a que la PGR se involucre de inmediato como ente protector de los intereses del país en el exterior y demande a las empresas proveedoras por incumplimiento de contrato en perjuicio de Honduras.
“La PGR representa los derechos del Estado y no puede obviar intervenir en un caso que implica una inversión tan enorme del presupuesto nacional”, explicó Rivera.
Sobre el particular, la titular de la PGR dijo a EL HERALDO que “estamos analizando las leyes aplicables para la compra en estado de emergencia sanitaria, no obstante, todo se hará en el marco de nuestra competencia, el principio de legalidad y objetividad, debemos esperar que se haga el desaduanaje del equipo, sin perjuicio de las acciones que están realizando el MP y el TSC”.
“Si fuera necesario demandar lo haremos en representación del Estado, contando con los medios de prueba pertinentes y el resultado de las investigaciones que se produzcan”, subrayó.
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