TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En once meses, Marco Bográn Corrales, como director ejecutivo de Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H), le otorgó a la empresa Cinsa, ligada a su tío Napoleón Bográn Idiáquez, contratos por un monto de 74 millones de lempiras.
Aunque la Ley de Contratación del Estado no le permitía celebrar este tipo de compromisos con parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, el entonces director ejecutivo de Invest-H, entre abril del 2019 y marzo del 2020, firmó cinco contratos a favor de la empresa Consultores en Ingeniería S. A. de C. V. (Cinsa), en la cual su tío aparece como copartícipe.
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Esta empresa fue conformada legalmente, según su acta de constitución, el 22 de abril de 1970, e inscrita en el Registro Mercantil de Francisco Morazán el 20 de mayo de 1970 en el tomo 67 bajo el número 00000016, y entre sus socios constituyentes está el nombre de Napoleón Bográn Idiáquez.
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En fecha 7 de septiembre de 2018 aparece registrado que la asamblea general ratificó a Napoleón Bográn Idiáquez como presidente de la sociedad. Los contratos con Invest-H fueron firmados por Mario Augusto Baide San Martín, en su condición de representante legal de Cinsa.
Según la Ley de Contratación del Estado, en su artículo 15, inciso 6, una de las inhabilidades para contratar con el Estado es: “ser cónyuge, persona vinculada por unión de hecho o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de cualquiera de los funcionarios o empleados bajo cuya responsabilidad esté la precalificación de las empresas, la evaluación de las propuestas, la adjudicación o la firma del contrato”.
Parentesco y ética
De acuerdo con los datos del Registro Nacional de las Personas (RNP), Marco Antonio Bográn Corrales, exdirector ejecutivo de Invest- H, es hijo de Marco Antonio Bográn Idiáquez, con tarjeta de identidad número 0801-1938-01878, y de Rosa María Corrales Álvarez.
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Marco Antonio Bográn Idiáquez es hermano de Napoleón Bográn Idiáquez, con tarjeta de identidad número 0801-1940-02600, ambos son hijos de Napoleón Bográn Rodríguez y de Alicia Idiáquez.
El artículo 5 del Código de Conducta Ética del Servidor Público, decreto legislativo 36-2007, en su inciso tres establece como conflicto de intereses: “toda situación en la cual el interés personal sea económico, financiero, comercial, laboral, político o religioso, de un servidor público, los de su cónyuge, compañero o compañera de hogar o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad se antepone al interés colectivo, incluyendo el interés personal que el servidor público pueda tener para beneficiar indebidamente a otra persona natural o jurídica”.
Igualmente, en el inciso siguiente de esta normativa conceptualiza que la corrupción es el “uso indebido o ilegal de los recursos o del poder o autoridad públicos para obtener un beneficio que redunde en provecho del servidor público, de su cónyuge, compañero o compañera de hogar o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad o en el de otra persona natural o jurídica, ya sea que se haya consumado o no un daño patrimonial o económico al Estado”.
| Cinsa
Invest- H, bajo la titularidad de Marco Antonio Bográn Corrales, le aprobó a la empresa Cinsa el contrato número C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-53-2019 por un monto de 3,369,310.85 de lempiras.
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Según esta ley, los servidores públicos están obligados a conocer, respetar y hacer cumplir la Constitución de la República, el presente Código de Conducta Ética del Servidor Público, las leyes, los reglamentos y demás normativa aplicable al cargo que desempeña.
El artículo 18 de este código manda a que el servidor público se excuse “por escrito de participar o de decidir en todos aquellos casos en los que pudiera presentarse un conflicto de intereses”.
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Esta legislación sobre la ética de los servidores públicos fue aprobada por el Legislativo para cumplir con la Convención Interamericana contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual Honduras es suscriptora.
Los contratos
El 30 de abril del 2019, Bográn, firmó los contratos de supervisión C-MCA-H/INVEST-H/DCPV-53-2019 y el C-MCA-H/I NVEST-H/DCPV-56-2019 a favor de la empresa Cinsa, ambos con el valor de 3,369,310.85 de lempiras.
El primero para la supervisión de las mejoras a la red vial no pavimentada, correspondiente a 127.51 kilómetros en Olancho y el segundo para la supervisión de 122.24 kilómetros de carretera en Olancho y el departamento de El Paraíso.
El 23 de septiembre de 2019, Bográn le otorgó otros dos contratos a la empresa Cinsa. El número CD-DCPV 126-2019 para el estudio y diseño de pavimentación de una longitud de 272.28 kilómetros en Atlántida, Colón y nueve en Yoro, por un valor de 38,957,541.95 lempiras y el contrato CD-DCPV-135-2019 por un monto de 27,147,592.25 lempiras para el diseño de 180.38 kilómetros de carretera en el occidente del país.
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El último contrato se lo otorgó el 26 de marzo de 2020 por la cantidad de 1,201,386.76, para la supervisión de la construcción del plantel para la instalación del hospital de aislamiento móvil en Santa Rosa de Copán.
EL HERALDO tuvo acceso a 22 transferencias bancarias por un monto de 22 millones de lempiras que el gobierno le ha realizado a la empresa Cinsa, entre abril del 2019 y mayo de 2020 provenientes del fideicomiso 163. Este medio de comunicación buscó la versión de Bográn Corrales, sin embargo, el número telefónico que siempre ha contestado ahora aparece inhabilitado.
De igual manera se llamo al señor Rubén Reyes, quien está a cargo de la Dirección de Conservación del Patrimonio Vial de Invest-H, pero respondió que estaba en una reunión y no podía atender.
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