WASHINGTON, ESTADOS UNIDOS.- Integrantes del Congreso de los Estados Unidos instaron este viernes al presidente
Donald Trump a hablar con el gobierno hondureño sobre los esfuerzos en Derechos Humanos y anticorrupción en Honduras.
Estimado Secretario Pompeo: Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el deterioro de las protecciones a los Derechos Humanos y la creciente cultura de impunidad bajo la administración del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
El reciente secuestro de cuatro líderes garífunas, según los informes, por funcionarios de la policía hondureña, refleja la determinación continua del poder político del país para evitar el progreso en la lucha por la igualdad de justicia en Honduras.
Instamos a la Administración Trump a hablar sobre los esfuerzos de Derechos Humanos y anticorrupción en Honduras y reafirmar el interés de Estados Unidos en apoyar los esfuerzos de los hondureños para construir una sociedad justa, inclusiva y democrática.
En las primeras horas de la mañana del 18 de julio de 2020, cuatro líderes de la comunidad garífuna fueron secuestrados de sus hogares y obligados a entrar en vehículos sin placas a punta de pistola por agentes vestidos con los uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Uno de los individuos, Alberth Snider Centeno Thomas, es presidente de la junta de la comunidad local y ya había recibido repetidas amenazas en relación con su activismo por los derechos a la tierra.
El Secretario de Derechos Humanos del gobierno hondureño emitió una declaración en la que pedía la identificación de los responsables, pero las cuatro personas siguen desaparecidas y los autores siguen en libertad.
Este es solo el último ataque contra la comunidad garífuna históricamente marginada. Al menos cinco líderes garífunas han sido asesinados en Honduras desde septiembre de 2019, según las Naciones Unidas, incluido Antonio Bernardez, cuyo cuerpo fue encontrado el 19 de junio.
El gobierno hondureño le debe a la comunidad internacional una explicación sobre el papel que los funcionarios estatales tuvieron en estas atroces violaciones de los derechos humanos contra la comunidad garífuna. Debe garantizar investigaciones inmediatas e independientes sobre este secuestro y cada uno de los asesinatos recientes.
También debe responder por los repetidos y continuos ataques contra líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas, incluido el reciente asesinato de un activista de derechos ambientales y la muerte de un periodista bajo custodia del gobierno.
Estos abusos contra los derechos humanos se han producido en un contexto de creciente impunidad, gracias a una serie de contratiempos en la lucha contra la corrupción en Honduras. El 19 de enero, el presidente Hernández permitió que expirara el mandato de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Su decisión de no renovar el mandato de la MACCIH se produjo después de meses de cabildeo agresivo por parte de algunos legisladores hondureños, muchos de los cuales se enfrentaron a investigaciones de corrupción para matar a la MACCIH. La decisión no solo demostró la falta de compromiso de la Administración Hernández para combatir la corrupción, sino que también mostró un desprecio por la voluntad del pueblo hondureño, el 75% de los cuales apoyó a la MACCIH.
Envalentonados por su victoria contra la MACCIH, el mes pasado los legisladores hondureños ratificaron un nuevo código penal, que reduce las penas por condenas por corrupción, así como por delitos que afectan desproporcionadamente a las mujeres y otras víctimas de la violencia.
Estamos profundamente preocupados de que, en lugar de presionar a las autoridades hondureñas para que rindan cuentas, la Administración Trump ha estado realizando fotografías públicas con el presidente Hernández y alabando su asistencia para implementar restricciones de asilo que se basan en una orden ejecutiva que fue revocada en un tribunal federal de EE. UU.
El Departamento de Estado también certificó el 7 de mayo de 2020 que el gobierno central de Honduras está protegiendo los derechos de la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la independencia de los medios de comunicación, 'a pesar de la tremenda evidencia de lo contrario.
Las expresiones de los nombrados políticos de Trump, de un apoyo incondicional al presidente Hernández, no promueven los intereses estadounidenses o hondureños en su trabajo para hacer de Honduras un lugar donde los hondureños puedan imaginar un futuro.
Como miembros del Congreso de los Estados Unidos, creemos que, a menos y hasta que se realicen esfuerzos serios y sostenidos para erosionar la cultura de impunidad de Honduras y garantizar la igualdad de derechos y la justicia ante la ley para los hondureños desesperados históricamente marginados del país, continuarán el peligroso viaje hacia el norte, hacia los Estados Unidos.
Es miope pensar que limitar físicamente el movimiento de los hondureños a través de órdenes ejecutivas ilegales, mientras se hace la vista gorda ante el deterioro de las condiciones, que obligan a las personas a huir en primer lugar, ayudará a Estados Unidos a lograr una solución a largo plazo para el desafío de migración irregular.
A través de una nota enviada al Secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, condenaron la reciente desaparición de cuatro líderes garífunas, hecho que viene a deteriorar y mostrar la vulnerabilidad de los Derechos Humanos en el país.
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'El gobierno hondureño le debe a la comunidad internacional una explicación sobre el papel que los funcionarios estatales tuvieron en estas atroces violaciones de los derechos humanos contra la comunidad garífuna. Debe garantizar investigaciones inmediatas e independientes sobre este secuestro y cada uno de los asesinatos recientes', se lee en el documento.
También piden que se responda por los ataques contra líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas.
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La nota enviada por los congresistas a Mike Pompeo:
Honorable Secretario de Estado del Departamento de Estado de EE. UU, Michael R. Pompeo, Washington 30 de julio 2020Estimado Secretario Pompeo: Escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por el deterioro de las protecciones a los Derechos Humanos y la creciente cultura de impunidad bajo la administración del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández.
El reciente secuestro de cuatro líderes garífunas, según los informes, por funcionarios de la policía hondureña, refleja la determinación continua del poder político del país para evitar el progreso en la lucha por la igualdad de justicia en Honduras.
Instamos a la Administración Trump a hablar sobre los esfuerzos de Derechos Humanos y anticorrupción en Honduras y reafirmar el interés de Estados Unidos en apoyar los esfuerzos de los hondureños para construir una sociedad justa, inclusiva y democrática.
En las primeras horas de la mañana del 18 de julio de 2020, cuatro líderes de la comunidad garífuna fueron secuestrados de sus hogares y obligados a entrar en vehículos sin placas a punta de pistola por agentes vestidos con los uniformes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI).
Uno de los individuos, Alberth Snider Centeno Thomas, es presidente de la junta de la comunidad local y ya había recibido repetidas amenazas en relación con su activismo por los derechos a la tierra.
El Secretario de Derechos Humanos del gobierno hondureño emitió una declaración en la que pedía la identificación de los responsables, pero las cuatro personas siguen desaparecidas y los autores siguen en libertad.
Este es solo el último ataque contra la comunidad garífuna históricamente marginada. Al menos cinco líderes garífunas han sido asesinados en Honduras desde septiembre de 2019, según las Naciones Unidas, incluido Antonio Bernardez, cuyo cuerpo fue encontrado el 19 de junio.
El gobierno hondureño le debe a la comunidad internacional una explicación sobre el papel que los funcionarios estatales tuvieron en estas atroces violaciones de los derechos humanos contra la comunidad garífuna. Debe garantizar investigaciones inmediatas e independientes sobre este secuestro y cada uno de los asesinatos recientes.
También debe responder por los repetidos y continuos ataques contra líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas, incluido el reciente asesinato de un activista de derechos ambientales y la muerte de un periodista bajo custodia del gobierno.
Estos abusos contra los derechos humanos se han producido en un contexto de creciente impunidad, gracias a una serie de contratiempos en la lucha contra la corrupción en Honduras. El 19 de enero, el presidente Hernández permitió que expirara el mandato de la Misión de Apoyo a la Lucha contra la Corrupción e Impunidad en Honduras (MACCIH).
Su decisión de no renovar el mandato de la MACCIH se produjo después de meses de cabildeo agresivo por parte de algunos legisladores hondureños, muchos de los cuales se enfrentaron a investigaciones de corrupción para matar a la MACCIH. La decisión no solo demostró la falta de compromiso de la Administración Hernández para combatir la corrupción, sino que también mostró un desprecio por la voluntad del pueblo hondureño, el 75% de los cuales apoyó a la MACCIH.
Envalentonados por su victoria contra la MACCIH, el mes pasado los legisladores hondureños ratificaron un nuevo código penal, que reduce las penas por condenas por corrupción, así como por delitos que afectan desproporcionadamente a las mujeres y otras víctimas de la violencia.
Estamos profundamente preocupados de que, en lugar de presionar a las autoridades hondureñas para que rindan cuentas, la Administración Trump ha estado realizando fotografías públicas con el presidente Hernández y alabando su asistencia para implementar restricciones de asilo que se basan en una orden ejecutiva que fue revocada en un tribunal federal de EE. UU.
El Departamento de Estado también certificó el 7 de mayo de 2020 que el gobierno central de Honduras está protegiendo los derechos de la sociedad civil, los partidos políticos de oposición y la independencia de los medios de comunicación, 'a pesar de la tremenda evidencia de lo contrario.
Las expresiones de los nombrados políticos de Trump, de un apoyo incondicional al presidente Hernández, no promueven los intereses estadounidenses o hondureños en su trabajo para hacer de Honduras un lugar donde los hondureños puedan imaginar un futuro.
Como miembros del Congreso de los Estados Unidos, creemos que, a menos y hasta que se realicen esfuerzos serios y sostenidos para erosionar la cultura de impunidad de Honduras y garantizar la igualdad de derechos y la justicia ante la ley para los hondureños desesperados históricamente marginados del país, continuarán el peligroso viaje hacia el norte, hacia los Estados Unidos.
Es miope pensar que limitar físicamente el movimiento de los hondureños a través de órdenes ejecutivas ilegales, mientras se hace la vista gorda ante el deterioro de las condiciones, que obligan a las personas a huir en primer lugar, ayudará a Estados Unidos a lograr una solución a largo plazo para el desafío de migración irregular.
Lo instamos a que se involucre directamente con el gobierno hondureño sobre estos graves contratiempos en la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos, y que vuelva a comprometerse a utilizar la fuerza diplomática de los Estados Unidos como una fuerza para el bien en Honduras.
