TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El retraso en la auditoría especial que realiza el Tribunal Superior de Cuentas (TSC), por las millonarias compras ejecutadas durante la pandemia, obstaculizan al Ministerio Público (MP) para judicializar más de una decena de casos de corrupción.
A la fecha, el TSC solamente ha remitido un informe con indicios de responsabilidad penal a la Fiscalía y que se refiere a la compra irregular de los hospitales móviles, según los datos revelados por la Fiscalía a este rotativo.
Mientras no se presente una auditoría, el Ministerio Público está obstaculizado para interponer los requerimientos fiscales en los casos de corrupción, porque así lo determina la Ley del Fondo Departamental, que asalta las facultades del organismo fiscal para judicializar un caso sin antes existir un informe del TSC.
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Aunque la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública “está trabajando para dar respuesta a la sociedad, lo que pasa es que cuesta armar un expediente para requerimiento fiscal, con suficientes elementos de prueba y así que no lo bateen en los juzgados”, explicó el fiscal Héctor Morales.
No obstante, el TSC ejecuta una extensa auditoría a fin de detectar responsabilidad civil, administrativa o penal, en las millonarias compras de insumos médicos y material de protección personal, por la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) e Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H).
Además, indaga sobre el uso de los recursos que le fueron transferidos a las 298 municipalidades durante la emergencia sanitaria provocada por el covid-19. “Producto de la auditoría especial, el TSC emitirá en el corto plazo el informe correspondiente, conteniendo el detalle de los hallazgos encontrados, recomendaciones y la existencia o no responsabilidades de tipo administrativo, civil o penal”, informó el TSC.
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Aclaró que en este momento “se está haciendo un análisis de las pruebas recabadas y de existir méritos suficientes el TSC procederá conforme a Ley deduciendo las responsabilidades pertinentes contra los involucrados, notificando los pliegos de responsabilidad que correspondan y remitiendo al Ministerio Público los informes penales que procedan”.
