TEGUCIGALPA, HONDURAS.- De las aulas de clases a plataformas digitales y medios electrónicos, el sistema educativo en Honduras enfrenta un desafío histórico a consecuencia de la pandemia del covid-19.
Una merma en el rendimiento escolar, repitencia y deserción son solo algunos de los grandes retos que enfrentan alumnos, maestros y padres de familia a casi seis meses de suspendidas las clases presenciales en escuelas y colegios de todo el país.
Desde el pasado 11 de marzo, cuando se confirmaron los primeros casos de covid-19 en el país, los centros de enseñanza permanecen cerrados ante la amenaza del mortal virus que ha obligado a replantear el funcionamiento del sistema educativo.
EL HERALDO tuvo acceso a un informe de la Secretaría de Educación denominado Monitoreo del Sistema Educativo Nacional en Tiempos del Covid-19, donde se establece que se han atendido a 1.6 millones de estudiantes a distancia: 834,491 niños y 843,956 niñas.
Eso representa un 86.3 por ciento del total de alumnos matriculados para este año lectivo que son 1.8 millones en los diferentes niveles educativos.
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Se han monitoreado un total de 19,377 centros educativos a nivel nacional, equivalente al 81 por ciento.
Según el reporte oficial de la Secretaría de Educación, la mayoría de grados educativos reportan una cobertura entre 80 y 90 por ciento de los estudiantes matriculados.
No obstante, para séptimo y octavo grado de básica se registra una cobertura de 75 y 79 por ciento, respectivamente, del total de estudiantes inscritos.
También el décimo grado de media presenta una cobertura de 76 por ciento de la matrícula. Para los expertos educativos, las desigualdades sociales han quedado marcadas en esta pandemia y centenares de alumnos han quedado rezagados de poder recibir clases por la falta de recursos económicos de sus padres.
El director de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Edwin Moya, manifestó que alrededor de la mitad de estudiantes que están en las escuelas de administración gubernamental no están recibiendo clases de forma virtual.
“La telefonía y el WhatsApp no pueden ser medios primarios de enseñanza y de aprendizaje, tiene que haber otros recursos que debemos emplear para mejorar la calidad de aprendizaje y el acceso”, aseguró Moya.
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Añadió que no se puede evaluar a los estudiantes para fines de aprobación porque no se ha brindado la misma oportunidad a todos y el Estado no ha tenido la estrategia indicada para favorecer el aprendizaje.
“Aplicarles una evaluación a los estudiantes sería violentarles el derecho ahora y con esa evaluación definir si está aprobado o reprobado”, cuestionó.
Propuso que en el momento que se reabran los centros educativos que se aplique una evaluación diagnóstica para conocer el estado del aprendizaje logrado y sobre esa base reprogramar los objetivos previstos para el año escolar para el periodo del 2021.
Hace unas semanas, la Secretaría de Educación emitió un acuerdo ministerial con los criterios de evaluación para definir la forma de calificar a los estudiantes: 70 puntos de tareas en casa y 30 puntos de evaluación.
“Si apelamos al tema del derecho no se le puede negar la promoción a un niño porque el Estado es el que no le ha cumplido con el proceso de aprendizaje que debió seguir”, comentó Moya.
Eso implicaría que este año escolar se extienda y se fusione con el año lectivo del 2021 para lograr todos los aprendizajes.
Promoción automática
La promoción automática significa que si un niño está en primer grado automáticamente aprueba al segundo grado sin haber aprendido lo suficiente.
El experto en temas educativos señaló que la promoción automática sería erróneo porque implicaría crear una falsa percepción de aprendizaje en los estudiantes que avanzan al siguiente nivel.
“Estaríamos condenando a los estudiantes al fracaso porque se les estaría engañando si se les aprueba en esa condición”, lamentó.
Moya advirtió que se espera una deserción de unos 700 a 800 mil niños del sistema porque no han tenido acceso a las clases virtuales, están en riesgo de desertar no solo del año escolar sino de la escuela en general.
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La evaluación para efectos de aprobación puede detonar el incremento de intenciones de deserción.
Con el golpe de Estado de 2009 se hizo una promoción automática para que los alumnos pasaran al siguiente año en 2010; ahora, 10 años después, esa generación que comenzó debería estarse graduando ahora en 2020 y vuelven a enfrentarse a ese problema educativo.
“Es una generación que la estaremos perdiendo, el retroceso en materia de aprendizaje es altísimo y debemos prepararnos para que sea mucho mayor”, admitió.
Los expertos consideran que por este año es difícil que se retorne de forma presencial, incluso en febrero próximo sería temprano porque todavía no habrá una vacuna disponible y las escuelas son focos de contagio que aunque a los menores y jóvenes no les dé tan severo pero se lo llevan a su familia.
Cuando los centros educativos se reaperturen será de forma híbrida, es decir, que unos días irán a clases unos alumnos y al siguiente día otros. Se deberán establecer horarios de asistencia para que no conglomeren los estudiantes.
La televisión, la radio y las guías de texto impresas son los medios más adecuados para que los alumnos tengan un mejor aprendizaje, según los especialistas.
Las clases por internet que sean solo un complemento de los otros recursos.
No reprobación
Por su parte, para el director del Observatorio Universitario de Educación Nacional e Internacional de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán (UPNFM), Mario Alas Solís, a nivel internacional se maneja que no debería haber reprobación este año para los estudiantes. El especialista planteó que se debería aplicar una promoción condicionada, como lo están haciendo otros países.
Lo anterior consiste en que se retorne a clases presenciales y se haga una evaluación con fines diagnósticos para saber dónde están las principales fallas de aprendizaje y diseñar un plan remedial.
Después de ese proceso sí se podría definir quiénes repetirán el año y quiénes aprueben al siguiente nivel.
Recordó que el sistema educativo del país ya estaba en una crisis, donde 900 mil menores en edades entre tres y 17 años estaban fuera del sistema.
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A su vez, estudios reflejan que los alumnos de 15 años de noveno grado tienen dos años de atraso con respecto a los de Costa Rica.
“Hay que ver esta crisis generada por la pandemia como una oportunidad para reactivar iniciativas que ayuden a mejorar el sistema tanto en cobertura como en niveles de aprendizaje”, afirmó.
Alas indicó que se deben hacer planes de nivelación para los estudiantes que por falta de recursos no han podido tener el acceso total o parcial a las clases.
En un estudio hecho por el observatorio de la UPNFM se reflejó que en una muestra de 57 mil padres de familia consultados, el 40 por ciento dijo que era inseguro que sus hijos terminaran el año escolar por los costos que implica las recargas a la semana que debe comprar para que cumplan con sus tareas, un mínimo de 250 lempiras a la semana en medio de una crisis económica.
La Secretaría de Educación reporta hasta ahora que 310 mil estudiantes se han retirado del sistema, equivalente a un 15 por ciento de la matrícula inicial de 1.8 millones.
