TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Al ser
juramentado Joe Biden como presidente de los Estados Unidos, a Honduras le esperan más “cuestionamientos que ayuda”, al menos en el primero de los cuatro años de gobierno.
A criterio de Graco Pérez, experto en asuntos internacionales, cuando Biden asuma su mandato el próximo 20 de enero, habrán “cuestionamientos, señalamientos, listados de corruptos, poca relación con el gobierno de Honduras, solicitudes de extradición y cancelaciones de visas', lo que marcará la diferencia con el gobierno de Donal Trump.
Lo anterior será aún más evidente con la Ley de Autorización de Defensa Nacional que permitirá exponer y deducir responsabilidades contra aquellos funcionarios de Honduras, Guatemala y El Salvador salpicados por actos de corrupción.
La normativa, firmada a finales de 2020 por el actual presidente Trump, permitirá señalar con nombres y apellidos a aquellas personas ligadas al narcotráfico o que financiaron con dinero ilícito sus campañas electorales.
La lista debe ser publicada 180 días después de que entre en vigencia y será el mismo gobierno de Biden y la vicepresidenta Kamala Harris quienes compartan con un comité especial del Congreso los nombres de los funcionarios investigados y vinculados en corrupción.
La normativa menciona que las sanciones por corrupción también podrían alcanzar 'a personas o familiares que hayan favorecido con contratos corruptos, que hayan extorsionado o sobornado, o que hayan facilitado o encubierto procesos, acciones de corrupción, incluido el delito de lavado de dinero”.
“Existen demasiados cuestionamientos sobre actos de corrupción. Aquí, mientras la justicia de Honduras no funcione como debe funcionar va a venir de afuera a través de organismos creados para ese fin o de los gobiernos, así quiere Estados Unidos actuar”, afirmó el experto sobre esta normativa, quien consideró que incluirán en la lista a muchos que actualmente tienen un cargo político.
“Este año va a ser difícil porque no tienen interlocutores con el gobierno de Biden, porque todas las personas que están actualmente están siendo cuestionadas de una u otra forma”, mencionó.
Pérez afirmó que Honduras podría adquirir beneficios después de las elecciones y solo si Estados Unidos considera que puede “interactuar”, es decir que puede trabajar en temas como la lucha contra la corrupción, impunidad, inseguridad, migración, entre otros, con el nuevo gobierno.
Desde su campaña, Biden aseveró que esos serían algunos de los temas centrales al hablar de las relaciones diplomáticas con Centroamérica y, especialmente, el Triángulo Norte: Honduras, Guatemala y El Salvador.
Para el presidente electo de los Estados Unidos, estos países también son esenciales al hablar de políticas de seguridad, pues es de donde cada año migran miles de personas o por donde circula la mayor parte de la droga que va a parar a esa nación.
Y precisamente esos fueron algunos de los temas que expuso en 2015 en su gira por México, Guatemala y Honduras, cuando era vicepresidente de la nación norteamericana; tras su llegada a Honduras, Biden se comprometió a ayudar a las naciones del Triángulo Norte, siempre y cuando “estén en camino a un cambio significativo y duradero”, haciendo referencia de los compromisos que la región adquirió para ese entonces.
En su discurso como candidato a la presidencia, tampoco dejó de lado estos países y prometió un plan que contribuyera a la reducción de la migración irregular y abolir muchas de las políticas creadas por Trump contra los migrantes.
Fondos para Honduras
En su plan de gobierno, Biden proyectó una inversión de cuatro mil millones de dólares durante toda su gestión para abolir las causas de la migración en Guatemala, Honduras y El Salvador.Biden planteó la ayuda como una estrategia para “renovar el compromiso de los Estados Unidos de abordar las causas fundamentales que impulsan la migración”, haciendo referencia que la ayuda estaría bajo los mismos pilares del plan Alianza para la prosperidad del Triángulo Norte de América Central, que fue cancelado durante la gestión de Donald Trump.
Los fondos serían desembolsados siempre y cuando los tres países también asignen una “cantidad sustancial de sus propios recursos” para la lucha contra la corrupción, desempleo, fortalecer el sistema de justicia y garantizar justicia y seguridad e igualdad para las mujeres.
Para el experto en asuntos internacionales, este nuevo plan tiene que ser mejor implementado, ya que el que fue cancelado por Donald Trump “no dio los resultados porque al final se quedó en documentos, pero no llegó al terreno”, debido a la corrupción.
“Pueden dar miles de dólares, pero si existe un filtro, una represa de corrupción que impide que llegue a la gente, entonces de nada sirve”, denunció.
El plan, que consta de tres páginas, no menciona cómo serían distribuidos los fondos, pero sí habla de la gestión para fortalecer las instituciones de justicia de cada país, para reducir la inseguridad y la lucha contra la corrupción.
Incluso, en uno de los apartados habla sobre aumentar la presencia de los agregados de los Departamentos de Justicia y Tesoro de Estados Unidos en sus embajadas en Centroamérica para combatir de mejor manera el crimen organizado y la actividad ilícita.
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Asimismo, la creación de un nuevo departamento dentro de Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro para investigar la corrupción en las tres acciones del Triángulo Norte.
Esta nueva oficina trabajaría de la mano con la reciente ley que permite investigar a funcionarios corruptos en el Triángulo Norte.
Todo eso deberá estar plasmado en un plan preparado por el Departamento de Estado tras la juramentación de Biden, donde, entre otras cosas, formule prácticas que fortalezcan la gobernabilidad, democracia y seguridad civil en las tres naciones.
De aplicarse este plan, Honduras tendría una ventaja: el apoyo de Estados Unidos, algo que expertos como Graco Pérez miran favorable ya que significaría que otros países también facilitarían ayuda.
'La cooperación de Estados Unidos marca la cooperación internacional. Si Estados Unidos no da un visto bueno, si considera que Honduras no toma las acciones necesarias en la lucha contra la corrupción, entonces va a ser poca la ayuda que va a recibir el país y eso significa más endeuddamiento en instituciones bancarias', aseguró.
Reforma migratoria
Biden será reafirmado este miércoles como presidente electo de Estados Unidos con la certificación de las cámaras del Congreso, mientras que el próximo 20 de enero será juramentado para ocupar la Casa Blanca.El líder demócrata tuvo el apoyo de miles de latinos, quienes guardan la esperanza de que por fin se aprueba una reforma migratoria integral, algo de lo que ni siquiera se pudo hablar en el gobierno de Trump.
Leoncio Velásquez fue uno de esos adeptos que le dio el triunfo el pasado 3 de noviembre. Este hondureño le dio el voto de confianza a Biden y ahora solo espera que al tomar posesión de su cargo “se suavicen los ataques antiinmigrantes”.
Entre sus promesas de campaña, el candidato y ganador de la contienda electoral prometió abolir en sus primeros 100 días las políticas aprobadas por Trump que violan los derechos humanos: separación de familias, maltrato en las fronteras, juicios sin abogados, la cancelación de algunos programas temporales y la regulación del estatus de muchos migrantes.
“Para pagar esta inversión en el futuro de nuestra región, Biden priorizará el dinero del presupuesto de detención del Departamento de Seguridad Nacional, que se ha disparado bajo las políticas inhumanas e innecesarias de Trump, a favor de alternativas más efectivas y rentables que la detención”, menciona parte del plan publicado en su sitio web.
El pasado 21 de diciembre la agencia Reuters publicó que el equipo de Biden estudiaba un plan para evitar la deportación de más de un millón de hondureños y guatemaltecos, debido al paso de los huracanes Eta y Iota por Centroamérica.
De acuerdo con la agencia de noticias, estas personas podrían ser beneficiadas con el Estatus de Protección Temporal (TPS), un programa que les permite residir y trabajar de forma legal en Estados Unidos.
“Están investigando el TPS de la misma manera que están investigando una serie de cosas para decidir el curso de acción. Las circunstancias en terreno ciertamente lo justifican”, dijo una fuente consultada por el medio.
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Actualmente son 79 mil los hondureños bajo este programa, pero de ser ampliado el número podría subir considerablemente. El programa es temporal y fue uno de los que Trump decidió cancelar de forma permanente, permitiendo una última extensión para los países favorecidos.
En el caso de Honduras, el programa finalizaba en enero de 2021, pero por el paso de Eta y Iota fue ampliado hasta octubre de este año, sin embargo, existe el temor de que no haya una nueva extensión.
Otro programa que pese a ser restaurado se mantiene en vilo es el DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia). Tras ser cancelado en 2017 por Trump, un juez federal ordenó a finales de 2020 la reanudación total, lo que además de la renovación permite documentar nuevas solicitudes.
Este programa protege a más de 700 mil jóvenes de la deportación, entre ellos hondureños, quienes esperan que con Biden puedan seguir gozando de los beneficios u obtener un estatus permanente, para no vivir con el temor de ser deportados.
