TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Evitar muertes, mejorar la atención o comprar más vacunas contra el covid. A cualquiera de esos fines se pudo destinar el dinero de los
hospitales móviles, consideró el fiscal general
Oscar Chinchilla al referirse este jueves a ese escándalo de corrupción .
Las comparecencias son poco habituales en la gestión de Chinchilla como cabeza del Ministerio Público, por lo que fue sorpresivo que esta vez apareciera en un video de cuatro minutos y 10 segundos para brindar declaraciones sobre esa línea de investigación y las acciones ejecutadas.
Marco Bográn, exdirector de Invest-H, fue detenido este día por elementos de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) mientras rendía declaración por otro caso relacionado a la emergencia de la pandemia. Junto a Bográn también quedó en detención judicial Alex Moraes, exadministrador de Invest-H.
Ambos son señalados por la Fiscalía de ser los principales responsables de la fraudulenta compra de los siete hospitales móviles para atender la emergencia del covid-19, por un valor de 1,171 millones de lempiras.
'Cualquier acto de corrupción es reprochable, pero cometidos en el marco de la pandemia rebasan la capacidad de indignación', fustigó el funcionario al inicio de la grabación.
Chinchilla detalló que los detenidos este jueves por el escándalo de los hospitales móviles serán acusados de los delitos de violación de deberes funcionarios y fraude.
El Ministerio Público también anunció que se girará una alerta internacional contra el guatemalteco Axel López, vendedor de las unidades y representante de la empresa Elmed Medical Systems.
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Hospitales móviles inservibles
Los investigadores documentaron que las compras fueron realizadas al margen de lo que establece la ley, según el contraste realizado a la oferta de los proveedores.Sumado a lo anterior, en el proceso no se establecieron garantías de cumplimiento, tampoco un plazo fijo de instalación y menos hay evidencia de una garantía de pago anticipado, enlistó Chinchilla.
Pese a la carencia de garantías, Invest-H pagó el 100% de los hospitales por anticipado, subrayó.
El Ministerio Público constató que 'el equipo médico no solo está sobrevalorado, sino que no cumple la función de ser útil para atender pacientes de covid'.
Hay problemas de diseño de las unidades y también detectaron equipamiento usado, en mal estado o no funcional, detalló el fiscal.
A juicio de los investigadores, todo lo anterior es evidencia que el fabricante no tenía capacidad para construir, fabricar ni equipar este tipo de hospitales.
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Pudimos vacunar a millones con ese dinero
Bográn había sido citado este día para rendir declaración por otra línea de investigación, pero los agentes de la ATIC le notificaron la detención judicial por el caso de los hospitales móviles.Chinchilla anunció que pretenden que el detenido sea presentado este mismo jueves en audiencia de declaración de imputado ante los juzgados en Materia de Corrupción, por lo que la Fiscalía solicitará la medida de prisión preventiva, lo que significa que Bográn quedaría en prisión de ser aprobada.
Minutos después se conoció que esta audiencia se realizará el viernes 9 de abril a las 9:30 AM, por lo que pasará la noche en los juzgados.
Para el fiscal general, la figura de prisión preventiva es necesaria porque se trata de un nuevo proceso contra imputados que ya enfrentaban otros cargos y 'por el inminente peligro de fuga ante la gravedad de los delitos'.
Asimismo, como causa se establece una posible 'obstaculización de funciones ya que las diligencias investigativas continúan para tratar de llevar lo más pronto a los juzgados a más personas que construyeron este entramado que ha permitido que el Estado de Honduras vea afectado su patrimonio'.
A juicio de Chinchilla, este millonario recurso debería estar sirviendo a evitar más muertes o a mejorar la atención para pacientes con covid-19.
Incluso, eventualmente 'se pudo haber vacunado a millones de hondureños' con ese dinero, consideró. Actualmente Honduras está en la cola de personas inmunizadas y vacunas adquiridas en Centroamérica y el resto de Latinoamérica.
El funcionario concluyó que 'para que exista una tutela judicial (el proceso) debe finalizar con una condena ejemplar a quienes hayan incumplido la ley'.
