La ausencia de la imputada fue confirmada por su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa, quien se limitó a decir que 'está enferma' y que si el Tribunal Anticorrupción la requiere 'la puede ir a sacar en una ambulancia' de su casa de habitación.
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De forma preliminar, se creyó que Bonilla podría estar contagiada con el virus de la covid-19, empero, su abogado defensor Juan Carlos Berganza descartó esta suposición.
'Se presentó un certificado médico por un facultativo y ellos (el Tribunal) deciden nombrar a un médico forense para que vean si es cierto o no. Pueden llamar 100 médicos forenses si quieren y a todos los médicos de la República que vayan y miren que la señora tiene una dolencia', explicó su representante legal.
Esta sería la segunda vez que Bonilla es enjuiciada por el mismo caso en el que ya había sido declarada culpable y sentenciada a 58 años de prisión. Sin embargo, en 2020 quedó en libertad luego de que la Sala de lo Penal ordenara un nuevo juicio al detectar algunas anormalidades de forma y fondo.
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Pese a tener otra oportunidad de demostrar su inocencia, Lobo advirtió que 'Rosa será de nuevo el chivo expiatorio'. Puesto que, 'todos sabemos que los grandes corruptos que han sido acusados no les han presentado requerimientos fiscales y son los que deben estar en los tribunales'.
Bonilla fue detenida en 2018 por el caso conocido como 'Caja chica de la dama', por el que tuvo que enfrentar 12 acusaciones: tres por delitos de malversación de caudales públicos, ocho delitos de fraude a título de autora y uno por el delito de lavado de activos.
Durante su juicio -que duró 17 meses y 20 días- se evacuaron más de 143 pruebas, incluyendo la revisión de 122 documentos y el testimonio de 14 testigos.
Luego de que proceso finalizará el 24 de abril de 2019, se le declaró culpable de los tres delitos de apropiación indebida y ocho delitos de fraude, siendo absuelta de lavado de activos.
Recientemente, también ha sido mencionada en la lista Engel donde figuran funcionarios de Centroamérica ligados actos de corrupción y que fue divulgada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos.
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'Hasta da risa de ver esta persecusión por unos fondos que no son públicos y por miles de irregularidades como fraude, pues ella no es una funcionaria pública', concluyó diciendo Porfirio Lobo.
