La designación en estos cargos de los abogados Manuel Antonio Díaz Galeas y Tomás Emilio Andrade Rodas fue objeto de señalamientos tanto a lo interno del órgano unicameral que preside Luis Redondo como de otros sectores sociales.
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La profesional del derecho Lidia Estela Cardona fue elegida como la máxima autoridad de la Procuraduría General de la República (PGR) desde el 29 de junio de 2018 mediante el decreto legislativo 70-2018, quien vacaba en su cargo el 29 de junio de este año, es decir dentro de cuatro meses con 25 días, contraviniendo así el período de cuatro años establecido en el artículo 229 de la Constitución de la República.
Bajo ese argumento, los congresistas del Partido Liberal que respaldan a la directiva de Redondo no acompañaron la votación para escoger a ambos juristas que se desempeñarán del 2 de febrero de 2022 hasta el 2 de febrero de 2026, de conformidad con la proposición nominativa. Luego de comprobado el quórum, pasando lista y habiéndose admitido el acta de la sesión anterior se procedió a tomar la promesa de ley de Díaz Galeas, quien se venía desempeñando como secretario del Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y Andrade Rodas, togado en Derechos Humanos.
“Al más puro estilo del (pasado) Congreso a las doce de la noche se haya hecho la juramentación de un procurador y subprocurador; lo que hemos venido señalando es que debe haber un proceso de selección de los altos funcionarios en donde la población conozca los perfiles”, indicó el gerente de asesoría legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Gustavo Solórzano.
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Agregó que “lo que nos encontramos es la destitución ilegal de los exfuncionarios y lo que vamos a enfrentar, así como ocurrió con los magistrados de la Sala Constitucional, son demandas a nivel internacional y el riesgo e inseguridad que colocan todos los procesos que lleva la PGR”.
