Hasta quien pretenda entorpecer y manipular el trabajo de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) sería encarcelado y, aunque prima mucho escepticismo en la población, millones esperan que los de traje y damas de primera, amantes del asalto público, se pudran en prisión.
Nuestro mensaje más parece otro cuento barato de soñar con fuertes pícaros tras las rejas, pero abrigamos, por el bien de la nación, la ilusión que políticos y financistas rateros no sigan en cargos públicos ni rodeados de alfombras ni de piropos mediáticos, sino confinados, pagando sus graves delitos al erario.
No somos los únicos en el mundo donde cada vez más se repudia la corrupción. A diez horas de distancia viajando por tierra se llega a Guatemala, cuya población también agitó las calles en 2015 pidiendo la renuncia del ahora expresidente Otto Pérez Molina y su par Roxana Baldetti, presos por dirigir bandas delictivas.
Pocos conocen la historia de la Cicig en la nación vecina, con una población harta de abusivos con lino, pulidos, igual que aquí, de rosas para tapar el hedor de sus huellas en todas las instituciones del Estado, saqueadas sin pudor ni remordimiento porque la pasión del cuatrero público es robar sin castigo.
La Cicig, con sede en la Zona 14, fue creada el 12 de diciembre de 2006 y aprobada por el Congreso el 1 de agosto de 2007. Su fin, apoyar al Ministerio Púbico, a la Policía Nacional Civil y a otros entes en inquirir faltas de los cuerpos ilegales de seguridad y sus brazos clandestinos para demolerlos. De 2014 a 2016 la dirige el colombiano Iván Velásquez Gómez.
Según el Código Procesal Penal chapín, está facultada para acusar a todo burócrata que ansíe obstruir su labor. Avala privacidad para las personas que ayuden en pesquisas contra la corrupción estatal y sus ejes con empresarios bandidos. Siendo secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-mon, se prorrogó su trabajo hasta el 3 de septiembre de 2017.
Su primer golpe lo dio en 2006. Imputó a excercanos del expresidente Óscar Berger envueltos en ejecuciones extrajudiciales de las cárceles de Pavón y El Infiernito en las que murieron tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano (Parlacen). En 2008 y 2009 coadyuvó a enjuiciar al exmandatario Alfonso Portillo.
Junto a Portillo se capturó a varios militares de su régimen por malversación de fondos y corrupción. El entonces embajador de Taiwán en Guatemala, Andrew Wu, fue implicado en el hecho por entrega de cheques al exjefe de Estado. Portillo cumplió pena en su país y luego en Estados Unidos. Fue liberado en febrero de 2015.
Bicoca
La Cicig tumbó a Pérez Molina y Baldetti. El exgobernante presentó al español Ángel Pérez Maura García Botín (con orden de arresto), dueño de la empresa Pérez y Compañía (data del siglo XIX) para construir y operar una terminal de contenedores. Según las investigaciones, Pérez Molina habría recibido un soborno de 12 millones de dólares en efectivo.
El total de la coima era de 30 millones de dólares, pero la suma no se completó porque cayó preso junto a Baldetti por el caso La Línea, una red de chantaje fiscal que supuestamente lideraban los dignatarios. Pérez Molina está recluido en la unidad militar Mariscal Zavala junto al expresidente del Congreso, Pedro Maudi. Duermen en literas.
El líder de la organización criminal es Juan Carlos Monzón, exsecretario privado de Baldetti, detenida junto a su hermano Mario Alejandro Baldetti, acusado de un fraude millonario por la “limpieza” del lago Amatitlán ocurrido en marzo del año anterior. Sus cómplices son empleados de la empresa israelí Tartic Engineering.
Mientras aquí se premia con libertad a pillos culpados de atracos públicos y la corrupción libertina es costumbre perpetua, en Guatemala hay fuertes rumores que la Cicig indagará más de 70 iglesias de todas las creencias por presuntos actos ilícitos. En el nombre del padre, del pisto y del pisto, amén, dicen muchos (as), peinándose el país. Si la Maccih no cumple, que se vaya al carajo y punto.
