MOROCELÍ, EL PARAÍSO.- Eran las 2:25 de la tarde del miércoles 13 de diciembre del presente año; la abogada Diana Gissela Zelaya Banegas llega a la primera aduana o estación de registro de la cárcel de máxima seguridad de La Tolva con un motivo especial en esa visita al centro penal.
Dentro de su bolso de mano lleva una bolsa blanca y en ésta otra de color negro, en la que guarda 445,000 lempiras en billetes de cuatro denominaciones.
La profesional del derecho se somete a la revisión de rutina del militar que funge como agente penitenciario, le hace saber que lleva el dinero y de la cantidad que porta.
Justo en ese momento, como algo fortuito, el coronel José Rodimiro Arita Otoniel, director de La Tolva, tiene contacto visual con la togada Diana Zelaya, levantándole la mano en señal de saludo e invitándola a que siguiera su recorrido sin más atraso hacia el segundo puesto de control.
“En la primera aduana de ingreso a La Tolva se documenta en el libro de novedades que ella va ingresando con ese dinero y cuando los guardias le preguntan que para qué es ese dinero, ella les dice que es para una comida”, narra Luis Romero, defensor legal de Luis Antonio Rodríguez Alvarado, asesor legal del Instituto Nacional Penitenciario (INP), y parte de este caso legal.
El guardia ve el dinero y hace todo el procedimiento de registro e inspección de la visitante para que pueda seguir con la fuerte suma de dinero.
Relata Romero que justo en ese instante “el coronel (José Arita) como que estaba por allí, haciendo su trabajo normal y ella solo le dijo ‘coronel’, él la quedó viendo y ella dijo que iba a ver a unos privados de libertad y a Legal (Área Legal de La Tolva)”.
Zelaya Banegas llega al segundo puesto de control, previo a que los primeros guardias comunicaran por radio a la siguiente aduana que ésta portaba ese dinero.
En la segunda guardia nuevamente es requisada y apuntada en otro libro de novedades, específicamente que está ingresando al penal con 445,000 lempiras. La guardia llama a su superior, un oficial de rango subteniente, para hacerle saber que Diana Zelaya lleva ese dinero y él da el visto bueno para que siga adelante.
La abogada Zelaya siguió hacia el Área Legal de La Tolva y en unos pocos minutos que duró el proceso de ingreso a esa cárcel, entregó el efectivo a una persona en asesoría legal.
Trámite aprobado
Luis Romero detalla que el 7 de diciembre el Comité Técnico Interdisciplinario de La Tolva aprobó la celebración de Navidad (24) y Año Nuevo (31), que este dinero fue aportado por los familiares de todos los reos de La Tolva y que iba a ser utilizado para ese fin.
“Esto ya venía aprobado en (por) el Comité Interinstitucional; ella sale, va a ver a sus clientes y la actividad se realiza con completa normalidad. El punto medular de esto es que está documentado que el dinero era para la cena del 24 y 31”, asegura.
Requerimiento fiscal
Sin embargo, contrario a todo lo descrito por Romero, que el coronel Arita no intervino para que la abogada Diana Zelaya cruzara sin ser revisada, más que la dejaran pasar por “humanidad”, sometiéndose al procedimiento normal, el requerimiento fiscal emitido por el Ministerio Público (MP) reza textualmente que el coronel Arita “ordenó al personal de servicio que la dejaran pasar y que no comunicaran por radio de la situación por que no quería que nadie escuchara”, elemento en la investigación que causa suspicacia.
Al siguiente día, el coronel José Arita y el asesor legal del INP, Luis Rodríguez, viajan a Tegucigalpa, a las oficinas del INP, para enterar que han recibido el dinero de parte de la abogada Diana Zelaya, para la celebración de las cenas, para toda la población de ese reclusorio y no sólo de la Pandilla 18.
En ese momento el director de La Tolva, el coronel José Arita y el asesor legal del INP, Luis Rodríguez, fueron arrestados por elementos de la Policía Militar del Orden Público (PMOP).
Establecido en ley
Romero, defensor de Luis Rodríguez, uno de los involucrados en el caso, asevera que el dinero no fue decomisado en el centro penal, en manos de José Arita, sino, que en las instalaciones del INP, cuando estos hacían el reporte en Tegucigalpa.
El profesional argumenta como parte de su defensoría de los imputados que todo está establecido en las actas del Comité Interinstitucional donde ellos mismos aprobaron las celebraciones. Según Romero esto ha sido así históricamente, que la Ley del Sistema Penitenciario lo permite y además, las reglas de Mandela establecen el derecho que los convictos tienen para recrearse en estas fechas.
