El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional decretó auto de prisión contra el expolicía Santos Arnulfo Padilla Rodríguez (28), por el crimen cometido contra los universitarios Carlos David Pineda y Rafael Alejandro Vargas Castellanos.
La resolución judicial se adoptó en una audiencia inicial celebrada la mañana de en las instalaciones del Primer Batallón de Infantería, ubicado al suroeste de la capital, donde permanece recluido el hoy exagente por su seguridad.
La medida del auto de prisión se dictó aparejada de la medida cautelar de prisión preventiva, que deberá cumplir en dicha unidad militar.
La audiencia inicial en contra de Padilla Rodríguez se celebró en las instalaciones del Primer Batallón de Infantería, al sur de la capital de Honduras, donde el expolicía permanece detenido.
En la audiencia participaron fiscales del Ministerio Público, la defensa del imputado y representantes de la oficina del Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh).
La Fiscalía de Delitos Comunes logró aportar evidencias suficientes para acreditar el indicio racional de participación del imputado en la comisión del delito de asesinato y otros.
Los fiscales pusieron a disposición de la jueza nacional pruebas testificales, periciales y documentales.
Padilla Rodríguez se entregó a las autoridades el viernes pasado a través del Conadeh. Fue radiooperador de la patrulla M1-92 por varios años.
En ese vehículo se encontraron evidencias de sangre que llevaron al Ministerio Público a presentar un requerimiento fiscal contra ocho policías involucrados en el asesinato de los jóvenes universitarios.
Según la investigación y declaraciones de testigos, Padilla Rodríguez fue quien disparó contra Carlos David Pineda.
En la audiencia inicial, el expolicía se mostró en todo momento tranquilo y no rindió declaración, informó a EL HERALDO una fuente que participó en la reunión.
Estaba rasurado, sin barba y rapado de la cabeza, mostró una imagen física diferente a cuando se presentó de manera voluntaria el pasado viernes, detalló la fuente.
La defensa tiene expedita la vía para interponer un recurso de apelación contra el auto de prisión.
El crimen contra los universitarios ocurrió el 22 de octubre de 2011 y fue obra directa de patrulleros asignados a la posta policial de La Granja en Comayagüela.
Con este suman seis autos de prisión dictados contra similar número de policías por su presunta vinculación con el crimen de los universitarios.
Satisfacción
En la parte acusadora prevaleció la satisfacción por la resolución emitida contra el expolicía Padilla Rodríguez.
“Es una resolución favorable para las partes acusadoras”, manifestó el abogado Félix ávila, acusador privado contratado por familiares de las víctimas.
Para el abogado el que se emita el auto de formal prisión significa que existe suficiente mérito procesal y la vinculación de la persona acusada con los hechos.
Lo que a su criterio interesa en el proceso penal es llegar a la verdad y que se haga justicia. Comprobados los hechos y la responsabilidad de alguien se pedirá una condena, la sanción que de acuerdo a la ley penal corresponda en este caso, expresó.
Causas contra 10 policías
El Ministerio Público acusa a Padilla Rodríguez por suponerlo responsable de los delitos de asesinato, abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, en perjuicio de los jóvenes Carlos David Pineda y Rafael Alejandro Vargas Castellanos, este último hijo de la rectora de la UNAH, Julieta Castellanos.
Por los mismos delitos se acusó a José Rubén Pozo López, quien fue el primero en entregarse voluntariamente, mediante la mediación del Conadeh. Se encuentra recluido en la Fuerza Aérea Hondureña.
Se encuentran prófugos el subinspector de Policía Carlos Galeas y el agente Carlos Wilfredo Figueroa, pesan órdenes de captura en su contra por los mismos delitos, pendientes de ejecutar. Por cualquier información que posibilite su captura la Secretaría de Seguridad ofrece una recompensa de 50 mil lempiras.
Sin embargo, las autoridades policiales, el Conadeh, la Fiscalía y acusadores privados esperan que estos se presenten de manera voluntaria.
Según la versión de Pozo López en la audiencia de declaración de imputado, rendida ante el Juzgado, el oficial Carlos Galeas fue quien ejecutó a Rafael Alejandro Vargas y el policía Arnulfo Padilla liquidó a Carlos David Pineda.
Asimismo, la Fiscalía acusó a los policías Martín Orlando Ortez Pavón, José Manfredo Fúnez Colindres, Gabriel Donato Mancía Hernández y Wilson Roberto Córdova Rodríguez, quienes igualmente estaban asignados al distrito policial del barrio La Granja.
Todavía siguen prófugos de la justicia Wilfredo Figueroa Velásquez
y
Carlos Geovany Galeas
Cruz, por cuya captura la Secretaría de Seguridad ofrece una recompensa
de 50 mil lempiras.
El juzgado les dictó auto de prisión por suponerlos responsables, a título de coautor, de los delitos de abuso de autoridad, robo y asesinato agravado; se encuentran recluidos en la Penitenciaría Nacional de Támara.
Solo el delito de asesinato el Código Penal lo castiga con de 20 a 30 años de reclusión.
Finalmente, la Fiscalía de Derechos Humanos acusó al extitular de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, Marco Tulio Palma; así como el exjefe de la Policía Metropolitana, Jorge Alberto Barralaga. En el pasado mes de junio se celebró la audiencia inicial, que no concluyó porque la defensa interpuso una apelación.
Los oficiales son acusados por los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, abuso de autoridad y por encubrimiento, por la fuga de policías implicados en el crimen.
¿Qué sigue?
En las causas en que el auto de prisión se encuentre firme el proceso judicial continuará con la celebración de la audiencia preliminar.
Dicha audiencia se llevará a cabo dentro de los siguientes 60 días contados a partir de la notificación del auto de prisión. En ella la Fiscalía formalizará la acusación y pedirá al Juzgado que eleve la causa a juicio oral y público.
Será en las audiencias de debate del juicio oral cuando un Tribunal de Sentencia decidirá si dicta al procesado una sentencia condenatoria o absolutoria, es decir si es culpable o inocente de los cargos que le imputan por el crimen de los dos universitarios.
