Dos motines en tres días han puesto en evidencia la anarquía que prima en los centros penitenciarios de Honduras.
El amotinamiento de esta mañana en la granja penal de San Pedro Sula, que dejó al menos tres muertos y 22 heridos, es el segundo registrado esta semana en Honduras.
El lunes pasado, internos de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto, a unos 15 kilómetros al norte de la capital de Honduras, también protagonizaron una reyerta en la que resultaron heridos diez reclusos.
Ambos conflictos han sido originados por la oposición de los internos al proceso de traslado de reos peligrosos a otras cárceles del país.
Esto pone en evidencia la incapacidad del gobierno de Honduras para mantener el control de las 24 prisiones diseminadas en el territorio nacional.
Algunos esfuerzos como el nombramiento en 2013 de una comisión especial para encargarse de las granjas penales no han sido suficientes.
El cambio constante de autoridades se han registrado desde entonces, así como varias fugas masivas de internos.
La fuga más reciente se registró en enero pasado, cuando seis reclusos lograron escapar de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Cinco de ellos fueron recapturados posteriormente.
A esto se suman las condiciones precarias en las que se encuentran las instalaciones de los centros penales y medidas de seguridad fallidas como el bloqueo de señal de la telefonía celular.
Conatel procedió a bloquear las antenas de telefonía móvil en los centros penales de Honduras el año pasado; sin embargo, casos insólitos como la llamada efectuada de un reo desde la Penitenciaría Nacional a un canal de televisión local, confirman la debilidad de las medidas adoptadas.
Ante la situación, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad fue convocado de emergencia este miércoles a una reunión y posteriormente se espera la comparecencia del presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.
