TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Entre el año 2022 y lo que va de 2023, la Unidad Nacional Antisecuestros (UNAS) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) contabiliza 19 secuestros y 16 autosecuestros, es decir, simulación de un secuestro.
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Un informe proporcionado a EL HERALDO establece que en 2022 se registraron quince secuestros: siete en Cortés, dos en Comayagua, dos en Francisco Morazán, uno en Atlántida, uno en Yoro, uno en Santa Bárbara y uno en Copán.
Mientras que este año ya se registran cuatro secuestros: uno en San Pedro Sula, uno en Tegucigalpa, uno en Talanga y uno en Juticalpa.
En cuanto a los autosecuestros, en 2022 se registraron doce casos, de los cuales tres fueron en San Pedro Sula, tres en Tegucigalpa, dos en Choluteca, dos en El Paraíso, uno en Valle y uno en Olancho.
Y este año se han reportado cuatro autosecuestros: tres en San Pedro Sula y uno en Choluteca. Según la investigación, casi todos los casos fueron resueltos de forma favorable sin pago de rescate.
En relación con los autosecuestros, los investigadores determinaron que la causa fueron deudas que contrajeron en la pandemia y tienen familiares en Estados Unidos.
Sin embargo, en vez de solventar el problema económico, los autosecuestrados fueron enviados a prisión por el delito de simulación de una infracción inexistente, lo que según el Código Penal tiene una pena que va desde seis meses a dos años.
El penúltimo secuestro de 2023 se registró en Talanga, Francisco Morazán, donde un empresario fue privado de la libertad por miembros de la banda “Los Portillo”, de los cuales tres fueron capturados por equipos de la UNAS.
La víctima permanecía en cautiverio en una montaña entre Cantarranas y Talanga y fue liberado, después de varios días de investigación, pues había sido raptado el 22 de febrero cuando se dirigía a una propiedad en Cantarranas y fue liberado el 28 de febrero, sin pagar los dos millones de lempiras que solicitaban los cautores.
Otro delito que se comete con frecuencia son los secuestros exprés, donde delincuentes interceptan a las víctimas y las obligan a sacar cantidades de dinero de cajeros automáticos para dejarlas en libertad.
