TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Aparte de presentar requerimiento fiscal contra los dos implicados en el acribillamiento de Ricky Alexander Zelaya Camacho, alias “Boxer Huber”, el Ministerio Público (MP) tiene abiertas otras dos líneas de investigación, una de ellas indaga sobre la participación de autoridades penitenciarias y Policías Militares en el hecho sangriento.
Las averiguaciones y acusaciones están a cargo de la Fiscalía de Delitos contra la Vida, informó Relaciones Públicas del MP. Por un lado, se busca verificar si existió complicidad de las autoridades del penal y de los Policías Militares que sacaron a los victimarios y a la víctima de las celdas; por otro extremo, se trata de establecer si el hecho criminal tiene alguna conexión con la masacre de seis reclusas del Centro Femenino de Adaptación Social (Cefas), ocurrida el 24 de mayo reciente, se informó.
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El 29 de junio reciente, en el módulo de máxima seguridad de Támara, el “Boxer” fue acribillado a tiros por los presos José Luis Orellana y Julio Solimar Valladares Soliman, luego que dos militares carceleros los sacaron de sus celdas supuestamente para hacer aseo, y al mismo tiempo llevaron a Zelaya Camacho a la peluquería.
Según un informe, cuando uno de los uniformados abrió la puerta del ala donde estaba el grupo criminal al que pertenecía el “Boxer” para pasarles un basurero, Orellana y Valladares lo empujaron y se introdujeron, dirigiéndose a donde estaba el objetivo cortándose el cabello, al que luego le descargaron dos pistolas automáticas.
El sicario identificado como Orellana es el mismo que 26 de octubre del 2019, junto a otros cinco reclusos, en la cárcel de Ilama, Santa Bárbara, acribilló a tiros a Nery Orlando López Sanabria, conocido como Magdaleno Meza.
En este caso, igual que como ocurrió con el “Boxer”, fue un militar, encapuchado, quien abrió la puerta a los criminales. En ese momento se dijo también que se investigaría a los militares y a las autoridades penitenciarias, pero a la fecha no existe más acusados que los autores materiales.
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Para el abogado y criminalista Gonzalo Sánchez, “que sea la misma persona que mató a Magdaleno y ahora mata al otro muchacho es demasiada coincidencia. ¡y con dos pistolas! Aquí hay cosas que no tienen lógica”, reflexionó.
A su criterio, es lamentable y preocupante que dentro de una cárcel de máxima seguridad se sigan dando este tipo de muertes.
“Hay muchas dudas sobre lo que está pasando en realidad en estos centros penitenciarios de máxima, la palabra lo dice, máxima seguridad. Están utilizando armas de fuego, entonces la pregunta es: ¿quién se las proporciona”.
