El hecho se registró frente a la iglesia Católica en la comunidad de Nueva Granada, entre los municipios de Chinda, Santa Bárbara y San Antonio Cortés, en el departamento de Cortés, cuando el ambientalista regresaba de la casa de su madre.
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Betty Vásquez, coordinadora del Movimiento Ambientalista Santabarbarense (MAS), declaró a The Associated Press que Cerros era agente pastoral de la Iglesia Católica y que al momento del crimen iba junto a sus hijos, quienes presenciaron la muerte de su padre.
Cerros lideraba el movimiento local denominado “Comunidades Unidas” que aglutina los grupos aledaños al río Ulúa de Chinda y San Antonio Cortés, que defienden la afluente contra el proyecto hidroeléctrico El Tornillito en esa zona.
“Condenamos el asesinato de un defensor y un compañero más. No es justo. No es posible que por defender un territorio se te criminalice, te persigan y luego te quiten la vida. A este crimen le damos la valoración que es un asesinato político”, expresó Vásquez.
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Por su parte, el inspector de la Policía Nacional, Juan Sabillón, responsable de la región noroccidental, dijo a la AP que “estamos realizando las investigaciones y tenemos a varias personas plenamente identificadas”.
“La Policía Nacional, tras acciones investigativas y allanamientos, reporta la captura del presunto autor intelectual del asesinato del líder indígena Juan Carlos Cerros”, escribió más tarde la fuerza del orden público en su cuenta oficial de Twitter.
Según las estadísticas del movimiento internacional Vía Campesina, sólo en 2020 asesinaron en Honduras a un total 12 defensores de los recursos naturales.
Los últimos dos crímenes se registraron en diciembre. El 26 de ese mes fue ultimado el líder de la etnia lenca y precandidato a diputado por el Partido Libertad y Refundación (Libre), Félix Vásquez, en el municipio de Santiago de Puringla, en La Paz, y un día después murió el miembro de la comunidad tolupán José Adán Medina, en el municipio de Morazán, departamento de Yoro.
Honduras es considerado uno de los países más peligrosos para el activismo ambientalista, Según una investigación de Global Witness publicada en 2017, desde 2010 han muerto en más de 120 personas.
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El crimen más sonado a la fecha es el de la ambientalista Berta Cáceres, ultimada a balazos el 3 de marzo de 2016 por desconocidos que entraron a su casa en el municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá y le dispararon en repetidas ocasiones.
De acuerdo con datos publicados por Global Witness, al 2 de marzo de 2020, al menos 27 personas defensoras de la tierra y el territorio habían sido asesinadas desde el fatal ataque a Berta.
