TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Ministerio Público ejecutó el jueves en toda Honduras la Operación Odiseo IV, que dejó como resultado la detención de 329 personas por la comisión de distintos delitos y el secuestro de documentos en varias instituciones públicas por supuestos actos de corrupción.
La Fiscalía para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) efectúan una investigación en el Juzgado de lo Civil en San Pedro Sula, por un presunto delito de abuso de autoridad y realizaron una inspección en el Juzgados de Letras Penal, por un caso de apropiación indebida.
Mientras que la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública investiga un posible delito de uso de documentos públicos falsos en virtud de denuncia sobre incapacidades falsas en el Instituto Hondureño de Seguridad Social de San Pedro Sula.
En la Alcaldía de Puerto Cortés secuestraron documentación en torno a denuncia en contra del edil Allan Ramos, por los delitos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y falsificación de documentos públicos.
En la municipalidad de La Ceiba, los fiscales decomisaron documentos y se tomaron declaraciones por supuestos actos de corrupción.
En la Secretaría de Trabajo se investigan a funcionarios por actos de abuso de autoridad, malversación de caudales públicos y corrupción.
La Fiscalía contra Delitos Tributarios decomisó documentación de ciertas empresas que se encuentran en la nómina de exoneraciones de Honduras, reguladas por la Dirección de Franquicias Aduaneras de la Secretaría de Finanzas, por supuestos actos irregulares.
Los agentes de tribunales secuestraron documentos en el Jardín de Niños Catarino Castro de Iriona, Colón, en torno a una denuncia en contra de la directora de ese centro por violación a los deberes de los funcionarios.
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Detenidos
En Choluteca, fiscales para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia efectúan una investigación. El expolicía municipal Nerlin Sandoval Mendoza fue capturado por la ATIC en Apacilagua, Choluteca. La Fiscalía de Derechos Humanos lo acusa por los delitos de abuso de autoridad y lesiones.
En cuanto a delitos comunes se realizaron acciones encaminadas a dar duros golpes a personas acusadas de actos de ilícitos como asesinato, venta de drogas, extorsión, contrabando, robo de vehículos, entre otros, lo que dio lugar a la ejecución de múltiples órdenes de capturas.
En Ocotepeque fueron detenidos José Antonio Flores Maldonado por el delito de portación ilegal de arma, a Gustavo Adolfo González Guerra por el delito de violación y a Luis Humberto Santos por el delito de daños.
Tras un allanamiento en aldea Pinalito, Tocoa, fue acusado José Alfredo Pérez Ramos y Nelson Adín Ramírez López por la posesión de varios sacos conteniendo marihuana.
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