Los tribunales de justicia de Honduras hicieron historia esta semana al juzgar por primera vez en Centroamérica a una persona acusada de servir como testaferro a personas ligadas con actividades ilícitas.
El caso es ventilado en la sala quinta del Tribunal de Sentencia de San Pedro Sula, en el departamento de Cortés, al norte de Honduras.
La Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado, a
través de la
Unidad de Lavado de Activos, acusó a Claudia
Jacqueline Amaya
Madrid de servir como testaferro a Ángela
Platero
Juárez, una acusada por lavado de activos y condenada a 15 años de reclusión.
Platero fue condenada en el 2007 y también debe purgar dos años de cárcel por venta de
lotería
clandestina.
Durante el juicio
oral
que
comenzó el jueves, los fiscales del Ministerio Público aportarán los elementos de prueba de la supuesta
participación
de Amaya
en operaciones para ocultar el dinero de Platero y evitar que se detectara su origen ilegal.
La defensa tratará de rebatir estos argumentos y acreditar la inocencia de
Amaya.
Entre las pruebas presentadas por la unidad de Lavado de Activos está una investigación en la que se corroboran varias transacciones entre las dos mujeres por el orden de dos millones 308,000
lempiras.
Años atrás, a platero
Juárez se le detectó en varias cuentas bancarias la cantidad de 64, 866,897
lempiras
así como ocho casas valoradas en total en 10,820 millones de
lempiras, entre otras posesiones.
En la misma investigación se reveló que Platero
Juárez retiró un millón de
Lempiras y se los deposito a Claudia
Amaya, quien posteriormente fraccionó esta cantidad y un día después se lo volvió a depositar a Platero.
Durante el juicio de Platero, la Fiscalía contra el Crimen Organizado demostró que ésta vendía lotería “clandestina” o “chica apuntada”.
Además
se comprobó que Platero
Juárez laboró para la empresa Tapas de Honduras entre 1979 a 1984 y en todo ese periodo devengó un total de 74, 480 lempiras. Por ende, la alarma se disparó y las autoridades comenzaron a investigar todos los movimientos bancarios de la acusada, entre los años de 1997 y 2003, especifica el expediente judicial.
Según la Ley, el testaferrato
es una modalidad de lavado de activos, delito que es penalizado con 15 a 20 años de reclusión.
“Incurre en el delito de lavado de activos, quien por si, o por
interpósita
persona, adquiera, posea, administre, custodie, utilice, convierta, transfiera, traslade, oculte o impida, la determinación de origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad de activos, productos o instrumentos, que procedan directa o indirectamente de los delitos de tráfico ilegal de armas, tráfico de órganos humanos, hurto o robo de vehículos automotores, robo a
instituciones
financieras, estafas o fraudes financieros en las actividades públicas o privadas, secuestro, terrorismo y delitos conexos o que no tengan causa o
justificación
económica legal de su procedencia”.
