TEGUCIGALPA, HONDURAS.- A pesar de la crisis de agua que atraviesa la capital, ninguno de los contratos de préstamo aprobados en el Congreso Nacional contempla fondos para la construcción de nuevos embalses.
Contrario a esto, uno de los acuerdos de financiamiento se destinará para el pago del pasivo laboral de los empleados del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), para concretar el proceso de municipalización.
El otro convenio estipula incrementar la eficiencia y la fiabilidad del agua en dos partes, constató EL HERALDO.
La rehabilitación o mejora de plantas de tratamiento de agua y reparaciones menores en los embalses ya existentes y redes de distribución es una de las actividades que se llevarán a cabo con el préstamo número 6460-HN por 50 millones de dólares suscrito entre el Banco Mundial (BM) y el gobierno el pasado 23 de agosto.
El proyecto a financiar con este convenio va encaminado a contribuir a la operacionalización del nuevo proveedor de servicios, la Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), en lugar del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA), y mejoras en infraestructura y herramientas de gestión de recursos.
También se realizará una campaña de comunicación para enfatizar los beneficios del consumo responsable de agua doméstica y su conservación.
Además, detalla la implementación de un programa de medición del suministro de agua en El Picacho y otras áreas específicas de Tegucigalpa para regularizar la presión en toda la red de agua, diagnosticar las principales causas de pérdidas de agua y reparar las fugas.
Mientras que los otros dos contratos de préstamo (4878/BL-HO y 4879/KI-HO) son por el monto de 30 millones de dólares cada uno y fueron convenidos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Según el perfil del proyecto, los acuerdos buscan contribuir a mejorar la calidad e incrementar el acceso a los servicios de agua y saneamiento en el Distrito Central (DC) a través de un proceso de reformas que permitan consolidar la municipalización de estos servicios, mejorando la gobernanza sectorial y su gestión.
Ambos convenios suscritos con entidades de crédito internacional fueron admitidos en la sesión del martes anterior y con el rechazo de diputados opositores.
Al aprobarse el acta número 19 de la sesión anterior, el CN envió ayer a sanción presidencial los tres contratos de préstamo por 110 millones de dólares (más de 2,700 millones de lempiras) para el financiamiento prácticamente del traspaso municipal del sistema.
Solo para la ejecución de un nuevo embalse, la represa Guacerique II, por ejemplo, se requieren esos 110 millones de dólares, según estimaciones oficiales.
Crisis adelantada
Durante este 2019 el Distrito Central registró la mayor escasez del vital líquido en los embalses Los Laureles y La Concepción en la última década.
Por tal razón, los racionamientos de agua para los barrios y colonias se recrudecieron, quedando cada siete días la distribución de este servicio básico elemental para la población.
Un informe publicado en el 2014 por la Academia de Ciencia de Honduras y la Asociación Mundial del Agua (GWP, por sus siglas en inglés) vaticinó que en 15 años a partir de esa fecha, el DC sufriría una grave escasez de agua.
Apenas han transcurrido cinco años y la problemática hídrica ha golpeado el país producto de los efectos del cambio climático.
Críticas
El hecho de que uno de estos préstamos aprobados sea para el pago del pasivo laboral y cancelación del SANAA ya genera críticas.
“Bien se construye dos represas con esa cantidad de recursos que se están utilizando para pagar este pasivo laboral”, indicó el diputado del Partido Nacional, Francisco Rivera, quien presidió la comisión de presupuesto en el Congreso pasado.
Detalló que “son 50 millones de dólares para pagar el pasivo laboral de los empleados del SANAA, más 800 millones que pondrá la municipalidad. Eso representa un monto de 2,800 millones de lempiras que se pagarán a estos empleados; es la única forma que la alcaldía puede recibir el SANAA si se le limpia su pasivo laboral”.
El congresista suplente del PN, Rodimiro Mejía, aseguró que toda iniciativa que implique endeudamiento causa resquemores.
“El endeudamiento no va más allá de lo que ya la ley prevé, no hay ningún problema en eso; el problema es que hay deuda que se está transfiriendo para más largo plazo”, sostuvo.
El también catedrático universitario mencionó que al pasar el servicio de agua potable a la comuna lleva un marco regulatorio.
“Se le está dando todo el instrumento legal que le permita a ellos hacer una buena administración eficaz con lo que se le está aprobando”, sostuvo.
Por su parte, el legislador del partido Libertad y Refundación (Libre), Jari Dixon, cuestionó la aprobación de más deuda para el país en el Legislativo, por lo que sugirió llevar un cálculo de todos los préstamos que aprueba el pleno de diputados.
