El joven descrito solo es uno entre las docenas de obreros del transporte que irrespetan el protocolo de bioseguridad vigente.
Durante un recorrido por la capital, este rotativo comprobó que en siete de cada diez unidades que circulan no se cumple lo pactado entre el rubro y el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ( IHTT).
El trayecto inició en la salida al sur, llegó hasta los mercados de Comayagüela y concluyó en las salidas al oriente y norte de la capital.
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El principal irrespeto constatado dentro del segmento urbano -que aglomera 70 rutas con más de 1,500 unidades (buses amarillos, ejecutivos o brujitos)- es el mal uso de las mascarillas entre operarios y pasajeros.
Asimismo, se evidenció que muchos mantienen sus ventanas cerradas, no se observó a ningún pasajero u operario utilizar gel o alcohol al momento de ingresar y mucho menos tomar temperatura.
“Esto es casi imposible, por más que les decimos no obedecen y tampoco podemos estar en todos lados solo somos 20 personas en esto, hacemos lo que podemos”, reveló un empleado del IHTT que por temor solicitó que no se publicara su nombre.
Pese al cumplimiento a medias avizorado, también se encontraron conductores como don Marvin Gonzales, quien sí obedece la norma de usar tapabocas.
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De hecho, para alejar el covid-19 y alguna sanción económica, si es necesario, asigna mascarillas a los pasajeros.
Por el Distrito Central también circulan unos 7,300 taxis en al menos 100 puntos. Aunque son mayoría, EL HERALDO durante sus recorridos encontró incidencias mínimas, entre ellas se observó que una unidad llevaba cinco pasajeros.
Por otra parte, los conductores de mototaxis también evidenciaron que no le temen al mortal virus.
El irrespeto de conductores, “brochas” y pasajeros fue evidenciado. No obstante se observó que dos conductores aún utilizaban una cortina plástica para separarse de sus pasajeros.
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Reacción
Personal del IHTT reveló que algunos días entre 15 y 18 conductores son sancionados por incumplir la bioseguridad.Explicó que las multas oscilan entre dos y tres mil lempiras por reincidencia.
“A los multados se les da un mes de plazo para que paguen. Cada semana encontramos un conductor que no ha pagado, ahí se decomisa la unidad”, reveló.
Sobre los decomisos por esa sanción, la fuente indicó que cuando los operarios saben que su unidad será decomisada pagan de inmediato la multa.
Aceptó que la principal limitante es la falta de personal de campo y la falta de voluntad de los dueños de unidades que exigen tarifas a los conductores y prebendas al gobierno y no mejoran el servicio ni capacitan o certifican a sus empleados.
“Desde el 15 de marzo del 2020 hasta el 11 de agosto, se han impuesto 2,164 infracciones por violar las medidas de bioseguridad”, reveló.
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