Los exasesores fiscales del jugador argentino Lionel Messi lo desvincularon este miércoles de la gestión de su patrimonio, durante la segunda sesión del juicio por un presunto delito fiscal de 4,16 millones de euros ingresados por derechos de imagen.
El proceso contra el jugador del FC Barcelona y su padre Jorge Horacio, ausentes como en la primera sesión del martes, contó con las declaraciones de varios empleados del bufete de abogados barcelonés Juárez Veciana, encargado de la fiscalidad del astro durante los años investigados.
Los dos principales socios de la firma, los hermanos Iñigo de Loyola Juárez Gómez y su hermano Ángel Juárez, trataron de desvincular totalmente al futbolista de la gestión económica de sus derechos, asegurando que ni siquiera le informaban de sus pasos y que su interlocutor era Jorge Messi.
'No sé si se han aportado correos míos en la causa, pero verán que en ninguno de ellos aparece Lionel Messi', aseguró Iñigo de Loyola, el primer testigo de la causa.
El astro 'no tomaba ninguna decisión o yo al menos no visualizaba que nadie le consultase nada', dijo poco después su hermano Ángel.
Este abogado fue el responsable de crear la estructura societaria investigada con la que, según las sospechas de la fiscalía y de Hacienda, los Messi habrían defraudado 4,16 millones de euros procedentes de los derechos de imagen ingresados por el futbolista entre 2007 y 2009.
Esta estructura estaba formada principalmente por dos empresas basadas en Uruguay, Jenbril, propiedad al 100% de Leo Messi, y Frosyl, en la que su padre Jorge Horacio cobraba sus comisiones como agente del jugador. A través de Jenbril Messi ingresaba sus derechos de imagen.
'Se trataba de preservar el máximo valor (...) Uruguay era un sitio donde esos rendimientos no estaban sometidos a fiscalidad', reconoció abiertamente Ángel Juárez, aunque defendió la legalidad de esta estructura y afirmó habérselo explicado así a Jorge Messi.
Los socios del despacho, que dejaron de trabajar con Messi poco después de iniciarse la investigación, no supieron sin embargo explicar la función de las otras dos sociedades implicadas, una británica y otra suiza, que según la fiscal servían únicamente como tapadera.
Los dos acusados, para quien piden 22 meses y medio de prisión y una multa equivalente a la cantidad defraudada, declararán el jueves.
