Tegucigalpa, Honduras
Comienza un nuevo intento por derogar el cobro del 1.5% del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y esta vez sería vía Congreso Nacional.
La diputada Gabriela Núñez, miembro de la Comisión de Finanzas, sometió un proyecto de ley encaminado a derogar el artículo 9 del Decreto 278-2013 del 30 de diciembre de 2013.
Este cobro se aprobó en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Antievasión, la que está vigente desde enero de 2014.
Según el argumento, el impuesto de 1.5% que se le aplica a las empresas que registran ventas arriba de 10 millones de lempiras al año “ha venido a provocar un detrimento de la economía familiar y de los sectores productivos”.
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También señala que “en la actualidad el Estado recauda por concepto de este impuesto más de 2,000 millones de lempiras”, golpeando directa e indirectamente al consumidor final.
Además, indica que después de tres años vigente, se han disminuido los ingresos familiares, subiendo los niveles de desempleo al 7% a consecuencia del cierre de negocios. A esto se le suma el ambiente de inseguridad jurídica que desincentiva la inversión en el país.
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Medida temporal
Representantes de la empresa privada del país han solicitado en reiteradas ocasiones que se elimine el cobro, ya que lo consideran inconstitucional y confiscatorio.
“Es un problema que tenemos en Honduras. Es un impuesto que lo consideramos a todas luces un impuesto ilegal que lo han tenido no sé con qué propósito”, expresó Luis Larach, presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Lamentó que la medida, que era temporal inicialmente, se haya dejado de forma permanente. De acuerdo con el líder empresarial, este impuesto ha impedido el desarrollo de las empresas y la generación de empleo.
Por su lado, el director ejecutivo del Cohep, Armando Urtecho, espera que la iniciativa de ley sea aprobada en el Legislativo. Sostuvo que es necesaria la devolución de los impuestos cobrados de más a las empresas por concepto del 1.5%
Intentos fallidos
El sector privado viene luchando contra el cobro de este tributo desde inicios de 2014. En primera instancia presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que posteriormente fue desestimado.
Posteriormente, tras el fallo de la CSJ, el Cohep presentó un recurso de reposición bajo el argumento de que la Sala Constitucional no justificó jurídicamente su decisión.
Los empresarios argumentan que el pago se debe hacer por las utilidades percibidas en el período y no por el volumen de ventas.
La medida ahuyenta la inversión que tanto espera el gobierno y el sector privado para concretar el Plan 20/20 para generar 600,000 empleos en los próximos cinco años en el país, enfatizan.
A criterio de algunos empresarios, el discurso y las acciones del gobierno para atraer inversión es contradictoria con la situación real en el tema fiscal y de seguridad que vive Honduras. Por ello consideran oportuna la derogación del 1.5%.
