TEGUCIGALPA, HONDURAS.-De ahora en adelante, el Instituto de la Propiedad (IP) manejará los dos fideicomisos concernientes al registro vehicular y registro de propiedad inmueble, mismos que se fusionaron en un nuevo proyecto denominado Sistema Tecnológico y Logístico para la Administración de la Propiedad de la República de Honduras.
Ante la no incorporación de recursos de la recaudación por emisión de licencias de conducir ni los que corresponden a la imposición de multas por infracciones a la Ley de Tránsito al fideicomiso que estaba a cargo de la Secretaría de Seguridad, el IP propuso reformar el contrato de fideicomiso ante el Congreso Nacional.
De acuerdo con el dictamen al que tuvo acceso EL HERALDO, “estos recursos fueron incorporados al patrimonio autónomo de un fideicomiso constituido en el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda -Banhprovi- para lo que se denomina el Fondo de Seguridad Vial”.
El nombre de este fideicomiso, contentivo en el decreto legislativo 369-2013, es “Operación, funcionamiento, financiamiento y administración del registro de la propiedad vehicular a nivel nacional e implementación de los centros de inspección vehicular, suministro de placas, otorgamiento de licencias de conducir, modernización del sistema de sanciones de infracciones de tránsito y la tecnificación de la recaudación de multas”. Los fiduciarios fueron dos instituciones bancarias, incluyendo el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa).
Mientras que el otro fideicomiso entró en vigencia casi de forma simultánea con el primero e incorpora los flujos por la recaudación de tasas que cobra el IP por los servicios que presta, los planos catastrales, libros de registro y demás muebles necesarios relacionados con el Registro Inmobiliario, el Registro Mercantil y Registros Especiales, el Catastro Inmobiliario y el Protocolo Notarial. Sin embargo, la autorización, regulación, control y supervisión de la función notarial corresponden exclusivamente al Poder Judicial y por esa razón la institución propuso no interferir estas facultades y atribuciones.
El pasado 12 de febrero, el dictamen de la fusión de ambos fideicomisos empezó a ser aprobado en la cámara legislativa, admitiéndose en su totalidad el miércoles anterior bajo cuestionamientos de diputados de las fuerzas opositoras.
No hay tercerización
“No se está hablando de ningún nuevo contrato de fideicomiso, mucho menos de tercerización de servicios; ha habido una confusión, no es un tema que tenga ninguna complejidad”, manifestó a EL HERALDO el secretario ejecutivo del IP, José Noé Cortés.
Explicó que “se está excluyendo en esta fusión los componentes que le tocan a la Dirección Nacional de Tránsito (ahora Dirección Nacional de Vialidad y Transporte) que habían sido incluidos originalmente para que fueran las administraciones de la Secretaría de Seguridad por medio de su dirección que los administre, la licencia y las multas de conformidad a su marco normativo y legal ha venido operando”.
La Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) se constituye como el órgano de asistencia técnica, de ejecución de programas, plataformas al igual que proyectos de los fideicomisos que administre el IP.
