TEGUCIGALPA, HONDURAS.- En medio de la peor crisis económica y social que atraviesa el país, algunas instituciones públicas comenzaron el 2021 aplicando incrementos salariales a sus empleados y funcionarios.
El aumento salarial, sobre todo el de los altos funcionarios, ha causado descontento y rechazo entre la población hondureña, así como en el resto de empleados públicos que alegan no haber recibido aumentos en varios años.
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Para el caso, los interventores de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) ganarán este año alrededor de 170,000 lempiras al mes, que equivale a unos 17 salarios mínimos (10,022 lempiras en promedio al mes).
Los directivos del Banco Central de Honduras (BCH) también han sido duramente criticados por recibir aumentos de más de 16,000 lempiras al mes, subiendo los sueldos más altos a cerca de 260,000 lempiras, o sea 26 salarios mínimos. Y así otras instituciones públicas centralizadas y descentralizadas han aprobado ya los ajustes.
El BCH, mediante un comunicado, justificó que los aumentos están enmarcados en la ley.
Sin embargo, y pese a ser establecidos por contratos colectivos o leyes internas de las instituciones, el rechazo se deriva de la realidad que vive el país, donde el 90% de la población económicamente activa tiene problemas de empleo.
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Alrededor del 80% de los trabajadores ganan menos de un salario mínimo.
Fuera de la realidad
Diversos analistas y representantes de sectores sociales enfatizan que la economía hondureña cayó alrededor del 10% en 2020, aumentando en más de 208,000 el n?mero de personas sin empleo y 600,000 pobres más que en 2019.
“Tenemos que ser racionales con el gasto público y que tiene que estar acorde con la realidad que vive el país. Están destruyendo esta nación... Es el momento de ser coherente con la realidad de este país, de ser efectivo en el gasto”, manifestó Carlos Hernández, director ejecutivo de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
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Hernández afirmó que hay muchos funcionarios mediocres que no cumplen con las funciones que les corresponde y reiteró que los aumentos aprobados para los altos funcionarios están fuera de la realidad del país.
Por otra parte, representantes de la clase obrera también cuestionaron los aumentos, ya que consideran que debido a la crisis actual el gobierno debe priorizar el gasto, destinándolo a las áreas como salud y educación para asegurar el desarrollo de Honduras.
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