TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las invasiones a la propiedad privada continúan en Honduras a vista y paciencia de las autoridades, denunció el martes la directiva del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
Detallaron que grupos armados invaden las propiedades bajo amenaza a los empleados de las empresas propietarias y causando daño a las actividades empresariales robando los productos.
A raíz de esta problemática, están paralizados 2,219 millones de dólares, unos 53,000 millones de lempiras, en inversiones en sectores como caña, energía y minería. En consecuencia, se ha perdido 12,423 empleos directos y 43,000 indirectos en las zonas de Choluteca, Cortés y el Bajo Aguán.
Asimismo, más de 236 millones de dólares se han dejado de exportar.
Además, según el Cohep, es de mucha preocupación que grupos criminales altamente organizados estén haciendo uso de las invasiones para financiar sus actividades y mover contrabando. Por todo lo anterior, los inversionistas se están retirando ante la falta de seguridad jurídica en el país, advierte el sector empresarial.
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Sin respuesta
Denunciaron que el 1 de abril un grupo de aproximadamente 200 personas, algunas portando machetes, procedieron a invadir la finca de palma aceitera Los Laureles, propiedad de la compañía Dinant. Esto se suma a las invasiones a las fincas Paso Aguán y San Isidro, también en la región del Aguán desde agosto de 2017 y marzo de 2018, respectivamente. Suman 2,369.98 hectáreas invadidas en ese sector.
La iniciativa privada afirma que se han realizado las respectivas denuncias en las oficinas de la Policía Nacional así como en las oficinas de la Fiscalía; lamentablemente sin acción por parte de ninguna instancia para ordenar al desalojo y garantizar el retorno pacífico de las propiedades privadas a sus legítimos dueños.
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Tiene que parar
“Esto tiene que parar”, afirmó el Cohep mediante un comunicado e hizo un llamado “al presidente de la República, al fiscal general, Policía Nacional y demás autoridades involucradas a tomar el control y proceder a desalojar”.
“Hay que parar ya a los criminales que están invadiendo la propiedad privada. El daño se lo hacen no solo al sector privado, sino a la reputación de la institucionalidad del país”, manifestó Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep.
Urtecho explicó que han solicitado reuniones con el fiscal general Óscar Chinchilla y el director general de fiscales, José Mario Salgado, pero no han respondido a ningún tipo de comunicación ni telefónica ni escrita.
Al respecto, las autoridades no se han pronunciado hasta el momento.
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Recomendaciones
Para el director del Instituto Nacional Agrario (INA), Ramón Lara, la vía correcta es que la empresa privada afectada interponga la denuncia correspondiente y el Estado ejecute las acciones que corresponden. No obstante, reconoce que el tema es delicado por los antecedentes que se han registrado en el pasado.
Para el sector privado la salida es crear una estructura de gobernanza para garantizar el derecho a la propiedad privada y promoción de las inversiones a través de un comité técnico, promover normativas sancionatorias para las personas que cometen estos actos ilícitos e identificar a los grupos radicales que se han conformado para ejecutar estos delitos.
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